Bruselas lleva a España ante la Justicia europea por no aplicar aún la directiva hipotecaria

Nuevo toque de atención de las autoridades comunitarias al Gobierno español por la normativa hipotecaria nacional. La Comisión Europea ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber incorporado todavía al ordenamiento jurídico del país la directiva sobre créditos hipotecarios, que refuerza la protección del consumidor bancario al suscribir un préstamo para la compra de la vivienda.

Cierto es que el Ministerio de Economía lleva varios meses trabajando en la transposición de esa normativa, mediante una reforma que entre otras cosas obligará a los clientes a firmar de su puño y letra que entienden todas las cláusulas de la hipoteca, que reforzará el papel de prevención de los notarios y que creará una contrato hipotecario estadarizado.

Sin embargo, esos trabajos llegan tarde.

Los Estados miembros debían haber incorporado esa directiva hipotecaria a su legislación en mayo de 2016 como tarde, esto es, hace ahora un año. España, que recibió una suerte de prórroga al encontrarse entonces sin Gobierno, ha incumplido ese plazo junto con Croacia, Chipre y Portugal. Los cuatro países serán llevados ahora por el Ejecutivo comunitario ante el Tribunal de Luxemburgo, que ya en otras ocasiones afeó a España algunas cuestiones relativas al funcionamiento del mercado hipotecario español como los desahucios y las cláusulas suelo, obligando el Gobierno a tomar medidas.

«La no aplicación de la directiva por los Estados miembros significa que los consumidores de esos Estados no pueden disfrutar de la protección que la misma garantiza cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos», explica la Comisión Europea en el comunicado en el que este jueves ha anunciado su decisión. Además, Bruselas recuerda que esto impide a los bancos gozar de «un pasaporte para sus actividades comerciales, lo que priva a los consumidores de Croacia, Chipre, Portugal y España de ofertas de crédito potencialmente más ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros. Ello dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos».