La Audiencia cita a declarar a Benjumea el 16 de febrero

Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega tendrán que explicar ante el juez su gestión al frente de Abengoa el próximo 16 de febrero. La juez que instruye el caso, Carmen Lamela, les ha citado para interrogarles ese día a partir de las nueve y media de la mañana en calidad de investigados, la figura que sustituye al tradicional imputado, según una providencia a la que ha accedido ABC.

La magistrada considera que "a la vista del estado del presente procedimiento" ha llegado el momento de interrogar al expresidente y al exconsejero delegado de la empresa energética española, una diligencia que será decisiva para esclarecer los hechos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que ambos pudieron delinquir al cobrar unas indemnizaciones millonarias (11,5 millones, Benjumea; 4,5 millones, Sánchez Ortega) en un momento delicado de la compañía.

La causa sigue avanzando. Ayer precisamente la magistrada ordenó el embargo de numerosas viviendas, coches y cuentas bancarias de ambos exdirigentes, quienes no pagaron a tiempo sus fianzas, equivalentes a las indemnizaciones que cobraron: 11,5 y 4,5 millones. A Benjumea le embargaron diez bienes inmuebles (viviendas y parcelas), cinco coches, unas doce cuentas bancarias y hasta un ciclomotor. Sánchez Ortega no podrá disponer de una casa en Las Rozas, un vehículo de alta gama de la marca Jaguar y de una cuenta.

El embargo de los bienes, y las respectivas fianzas, busca asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias a las que tengan que hacer frente ambos dirigentes si son condenados en un hipotético futuro juicio. La investigación se encuentra en la fase de instrucción, en la que la juez trata de averiguar si existen indicios suficientes de los delitos.

La Fiscalía, que apoyó la investigación impulsada por una querella de dos bonistas, considera que Benjumea y Sánchez Ortega pudieron cometer un delito de administración desleal al anteponer el interés personal de enriquecerse al de la sociedad que representaban, que ahora se encuentra en situación de preconcurso de acreedores. Al exconsejero delegado también le atribuyen un supuesto delito de uso de información privilegiada al fichar por un fondo de inversión que apostó a la baja contra Abengoa nada más dejar la energética.