Alemania plantea una «jubilación a la carta» combinada con trabajo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha invitado esta semana al Gobierno alemán a pisar el acelerador de las reformas, muy especialmente insta a Berlín a un retraso en la edad de jubilación, que actualmente permite retirarse a los 63 años a trabajadores que hayan cotizado ininterrumpidamente 45 años, es decir, la sacrificada generación de la postguerra con la que la gran coalición de Merkel y los socialdemócratas han tenido ese detalle.

El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que a sus 73 años sigue tan activo como siempre, está también convencido de la necesidad de elevar la edad de jubilación y adaptarla a los actuales índices de esperanza de vida. Propone, concretamente, los 70 años y cuenta para ello con el apoyo del partido, incluidas las juventudes de la CDU.

Pero la ministra de Trabajo, la socialdemócrata Andra Nahles, no está en absoluto por la labor. «Mientras yo ocupe este cargo algo así no va a pasar», declaró recientemente.

Pero el caso es que para cada desencuentro en el seno de la gran coalición, la canciller Merkel termina encontrando una tercera vía y en este caso ha logrado consenso para dar luz verde en el último consejo de ministros a una idea que ya está en proceso de convertirse en ley y que consiste en una especie de jubilación a la carta. En alemán se llama «Flexi-Rente».

El responsable de Asuntos Sociales de la CDU, Karl Schiewerling, y su colega de la CSU Max Straubinger han adelantado que será un sistema que facilite las soluciones personalizadas y en el que cada trabajador podrá decidir por sí mismo el momento en que desea, quizá de forma progresiva, abandonar la vida laboral. El nuevo modelo facilita el trabajo de los jubilados, de forma que allana el camino a los ingresos adicionales a la pensión de jubilación, pero también incluye mejoras en los casos en los que se opte por una jubilación anticipada. La Federación Alemana de Sindicatos (DGB) ya ha denunciado que se trata de un «abaratamiento de la mano de obra de más edad».

Riesgo de pobreza

Karl Schiewerling defiende el proyecto: «Es un avance con el que ganan tanto trabajadores como empresarios y estamos estableciendo un signo, un ejemplo que permitirá ver que para muchos merece la pena seguir trabajando un poco más». El texto todavía no es definitivo y hay detalles que todavía han de redactarse, pero desde el Partido Socialdemócrata (SPD) también se contempla como una «oportunidad» y su experta en mercado laboral, Katja Mast, aclara que «la transición flexible a la jubilación, que permita a cada caso dar prioridad a sus necesidades, es una cuestión de justicia social». El SPD se rinde así a la evidencia del cambio demográfico, que hace insostenible el sistema rígido de pensiones, y encuentra en el proyecto una forma de lucha contra la creciente reducción de ingresos de los jubilados alemanes, que han visto descender su capacidad adquisitiva en la última década hasta niveles muy preocupantes.

Casi la mitad de los jubilados alemanes, un 48,21%, recibe menos de 700 euros al mes, según el Seguro Alemán de Pensiones (DRV). Un 20% reciben menos de 300 euros netos al mes y un 32% menos de 500. Los bajos ingresos empujan a miles de los pensionistas alemanes a tener un «minijob» o solicitar una ayuda social para completar sus ingresos. «El peligro de convertirse en pobre en la jubilación es cada vez mayor», declara la presidenta de la Asociación Social VdK, Ulrike Mascher, que da la bienvenida a la nueva ley y que destaca que, en los casos de pensiones bajas, los jubilados podrán seguir trabajando en puestos regulares, no estarán condenados a aceptar solamente un «minijob».

La letra pequeña

Según los avances, el texto mantendrá el 60% del ingreso total ligado a la pensión de jubilación básica, mientras que el restante 40% podrá se recalculado de acuerdo a la situación individual. Desde los 50 años de edad, los trabajadores podrán incrementar voluntariamente sus contribuciones a la pensión de jubilación, algo que hasta ahora era posible a partir de los 55 años, además se incluye una serie de medidas preventivas orientadas a casos de riesgo de pobreza. Para los jubilados que sigan trabajando, el empleador deberá pagar el seguro de pensión por completo de forma obligatoria, mientras que para los trabajadores será voluntario, como medio para aumentar la cuantía de su pensión cuando deseen pasar a la inactividad laboral, momento que decidirán ellos personalmente.

«El caso es que no necesitamos incentivos al trabajo después de la jubilación, lo que necesitamos son pensiones más altas», denuncia la portavoz de la directiva del DGB, Annelie Buntenbach, para quien «esto beneficia a los empresarios, para quienes esa fuerza laboral muy altamente cualificada evita formar y contratar a trabajadores más jóvenes». Buntenbach insiste en que es «un paso peligroso en la dirección equivocada».