Hacienda investigará sobre nuevos medios de pago como el bitcóin y otroas criptomonedas
Hacienda investigará sobre nuevos medios de pago como el bitcóin y otroas criptomonedas - AFP

La Agencia Tributaria pone al bitcoin, Amazon y Deliveroo en su punto de mira

El Fisco también cruzará la cascada de datos que recibirá del exterior por el intercambio automático de cuentas y el nuevo sistema de IVA para detectar fraude

MADRIDActualizado:

La Agencia Tributaria lleva años echando la red sobre la economía digital para asegurar que los nuevos negocios tributen como cualquier establecimiento y la web no sirva de rendija para el fraude. En las directrices del Plan de Control Tributario de este año, publicadas en el BOE, el Fisco fija como una de sus prioridades «la incidencia fiscal de nuevas tecnologías, como "blockchain" –el encriptado que asegura la seguridad de las divisas digitales–, y, en especial, las criptomonedas». Lo novedoso este año es que, más allá del posible fraude de usuarios, vigilará «la utilización por el crimen organizado de la Internet profunda, o "deep web", para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas tipo "bitcoin" o similar como medios de pago».

Para combatir el blanqueo de capitales por estos medios, el Fisco potenciará las nuevas tecnologías de investigación y análisis de datos. Al vigilar los pagos el Fisco también pondrá especial atención a «monederos electrónicos» y «transferencias instantáneas» como Bizum o Twyp o las nuevas operaciones inmediatas entre bancos que comenzarán en noviembre, en un momento en el que «los pagos con tarjeta han superado el volumen de retirada de dinero en metálico de cajeros».

La Agencia Tributaria escudriñará toda clase de negocios electrónicos. Además de «modos de economía digital en los sectores de alquiler o en el transporte», como Airbnb o Cabify, el Fisco también tratará de que los clientes y prestadores de servicios y bienes de la llamada «gig economy», tributen por ello. Este concepto engloba los trabajos ofrecidos a través de la web. En concreto el Fisco anuncia actuaciones de control sobre «aquellos fabricantes o prestadores de servicios que comercialicen sus bienes o servicios a través de Internet, para detectar la posible existencia de tramas fraudulentas constituidas con patrones creados para defraudar». Desde vendedores de bienes de valor por Wallapop a youtubers, pasando por conductores en Uber o arrendatarios en Airbnb: a todos ellos, Hacienda les vigila y enviará avisos o cartas para que declaren sus ingresos.

El control del Fisco también afecta a los «nuevos modelos de distribución» de empresas de comercio electrónico que a veces están establecidas en España y otras veces en la UE. «Es preciso garantizar que su tributación es la adecuada y que su actividad no distorsiona los precios en perjuicio del comerciante establecido en España». Ello apunta a empresas como Ebay o Amazon.

El Fisco también alude a la inseguridad laboral de algunas empresas online, y llama a tener «información» para «evitar prácticas discriminatorias contra las formas de trabajo estables, en las que el trabajador goza de la debida protección, y asegurar una tributación equitativa». Precisamente, la Inspección de Trabajo de Valencia dio la razón a los empleados de Deliveroo ante un expediente por sus precarias condiciones laborales.

Fraude del IVA y grandes fortunas

A lo largo de 24 páginas, otros dos pilares sobresalen en el plan de la Agencia Tributaria. El primero es la utilización masiva de datos que proporciona el reciente Sistema Inmediato de Información (SII) con el que más de 50.000 compañías informan al Fisco del 80% de la facturación en tiempo real. Hacienda cruza esta información para detectar fraude. El otro pilar serán los datos de grandes patrimonios, sobre los que el Fisco trazará 50 riesgos fiscales predefinidos para detectar a fortunas fraudulentas. Este año el Fisco, además del SII, contará con información fresca a través del nuevo intercambio automático de cuentas financieras (CRS, por sus siglas en inglés) con 53 jurisdicciones desde septiembre de 2017, que en 2018 serán 49 más. Sumado a los datos de la amnistía fiscal y de la declaración de bienes en el exterior, todo ello construye una macrobase de datos de grandes patrimonios que ya erigió el año pasado y ahora potenciará.