Rato creó «una red de movimientos económicos» que llegó a «diversos países»

El entramado de empresas con el que el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, supuestamente cometió diversos delitos en el manejo de su patrimonio tenía ramas internacionales. La Audiencia Provincial, en un auto en el que confirma la prisión provisional al empresario Alberto Portuondo, asegura que el exministro de Economía y sus supuestos colaboradores crearon «una aparente red de movimientos económicos con repercusión, alojamiento o manifestación en diversos países».

Esta dimensión puede ser clave en la decisión del Tribunal Supremo, quien tiene que decidir qué tribunal es competente para asumir el caso. El juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional al aparecer indicios de que Rato blanqueó dinero en el extranjero, lo que llevaría el caso a la Audiencia.

El juez Fernando Andreu, sin embargo, lo rechazó por argumentar que todos los elementos del delito se consumaron en España.

En dicho auto, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado este jueves la prisión preventiva para Portuondo, el administrador de la empresa Albisa y uno de los supuestos testaferros de Rato. Los jueces consideran que existe riesgo de que el empresario se fugue y avalan los «sólidos indicios» recopilados contra el empresario, imputado por los mismos delitos.

Los investigadores sospechan que Portuondo, quien medió entre dos firmas de publicidad y Rato para que Bankia las contratara, recibió como comisiones unos 800.000 euros que luego desvió en parte a la empresa Kradonara, vinculada al expresidente del Gobierno. Su empresa actuó así como una sociedad pantalla para que Rato cobrara las supuestas comisiones. Ese intercambio de favores sería el supuesto delito de corrupción entre particulares que se investiga.

El juez que instruye el caso ha interrogado este miércoles y jueves a los 16 testigos del caso, entre empleados y exempleados de Bankia y de las dos firmas de publicidad. Serrano-Arnal les está cuestionando por los contratos publicitarios, pues algunos de ellos tuvieron cargos directivos e intermedios en la entidad financiera cuando se firmaron. Dos de ellos han sido imputados, con lo que ya son once los imputados en la causa.

Once imputados

Además, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el desbloqueo de los activos de Rodrigo Rato a cambio del embargo de sus bienes por importe de 18 millones de euros. El juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, tomó esta medida al fijar la fianza, una cantidad que no fue abonada por el exministro de Economía. La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado recurrieron el desbloqueo porque argumentaban que aún no se sabía si los bienes embargados cubrían los 18 millones. «Se desconoce el auténtico valor de los bienes embargados, por lo que también se desconoce si con ellos se ha alcanzado la suma señalada como fianza», señalan.

La Audiencia rechaza esta petición porque explica que si los bienes ya embargados, que incluyen su pensión vitalicia como exdirector gerente del FMI, no cubren los 18 millones de euros, el juzgado de instrucción de Madrid ampliaría el embargo, como le faculta la ley. En la práctica esta medida mantiene el embargo de todos los bienes personales de Rato, incluidas sus participaciones en diferentes empresas, pero excluye a la parte de estas empresas que no le corresponden al exministro, según aclararon fuentes jurídicas.

Esta causa, que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, corrupción y contra la Hacienda Pública, sigue avanzando a pesar de que el Tribunal Supremo tiene que decidir qué tribunal es competente.