Rato defiende que todos los manejos de su fortuna son «legales» y están declarados

Rodrigo Rato se ha defendido por primera vez de los delitos que le atribuyen en el manejo de sus negocios, por los que está cercado por la Justicia. El exvicepresidente del Gobierno expuso su versión por la mañana ante el juez, quien le retiró el pasaporte; y envió un comunicado a ABC por la tarde. Sus argumentos tratan de contrarrestar las acusaciones de los tres delitos que le imputan: blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y contra la Hacienda Pública.

Rato asegura que todos los bienes que tiene en el extranjero citados en la denuncia que abrió la causa «tienen origen familiar» y han sido declarados «voluntariamente» a Hacienda. La Agencia Tributaria denunció, sin embargo, que el exministro defraudó unos 2,4 millones de euros por las cantidades que recibieron sus sociedades del extranjero entre los años 2011 y 2013.

«No dispongo ni he dipuesto de otros bienes en el extranjero no declarados».

En este comunicado, de un folio, el exvicepresidente expresa que «todas las transferencias identificadas por la Oficina Antifraude» -es decir, los 6,5 millones de euros que recibió su empresa Kradonara en 2012, 2013 y 2014- «responden a transacciones legales y recogidas en mis declaraciones fiscales». Los investigadores consideran que esos fondos, de origen desconocido, no fueron declarados. El exvicepresidente del Gobierno, interrogado durante tres horas por el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, comunicó al magistrado que «ha encargado la realización de informes periciales» que acrediten su versión.

Como todos estos fondos son legales, señala Rato, «no concurre indicio alguno de un delito de blanqueo de capitales», el crimen que podría llevar la causa a la Audiencia Nacional.

Los investigadores aseguran, sin embargo, que las sociedades de Rato -Kradonara y Vivaway, una empresa de Reino Unido- desvíaban los fondos de origen sospechoso a la sociedad alemana Bagerpleta GMBH. Ese viaje internacional del dinero supuestamente ilícito sería el blanqueo. El exministro, en declaraciones a ABC, defendió que «una empresa alemana que tiene una actividad lícita, en la que participan otras empresas» no puede «ser un instrumento de lavado de dinero».

Por último, el exministro de Economía rechaza su influencia en la adjudicación de contratos que Bankia asignó a dos firmas de publicidad cuando él era presidente de la entidad. Ambas compañías, Zenith y Publicis, son sospechosas de abonar jugosas comisiones a Rato a cambio de ello. Los contratos «fueron objeto de un concurso competitivo en que se valoró a las empresas con baremos objetivos por una comisión en la que yo no participaba», dice.

El juez, sin embargo, sospecha que Zenith y Publicis premiaron a Rato a través de Albisa, una sociedad administrada por el empresario encarcelado Alberto Portuondo. Ambas firmas pagaron unos 800.000 euros en comisiones a Albisa, quien luego desvió unos 450.000 euros a Rato. Este supuesto intercambio de favores sería el delito de corrupción entre particulares. Rato también lo niega: dichos pagos «responden a trabajos profesionales documentados adecuadamente».

El exministro aprovecha para criticar el «dilatado secreto de sumario» de la causa, «que no se justifica», y para señalar que su actitud es de «absoluta colaboración» con la Justicia. El juez interroga entre mañana y el jueves a 16 testigos.