El veto de Page al ATC amenaza con hinchar hasta un 30% la factura de la luz

Decir «no» al Almacén Temporal Centralizado (ATC) tiene un precio. La construcción del complejo, destinado a poner fin a la crónica necesidad de almacenaje de residuos de las centrales nucleares españolas, es considerada «clave» para el futuro de un sector sobre el que pesa incluso la amenaza del cierre si no logra encontrar una solución factible al problema.

El almacén, aprobado en 2009 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, fue bloqueado el mes pasado por su compañero de partido, Emiliano García-Page. El presidente de Castilla La Mancha ha incluido los terrenos donde se preveía instalar —en la localidad conquense de Villar de Cañas— dentro de una zona de protección ambiental. Una medida que podría tener un rotundo impacto en la factura de la luz.

«Si no hay ATC tiene que paralizarse toda la producción eléctrica nuclear que hay en España. Eso encarecería el precio de la factura aproximadamente entre un 25 y un 30%», aseguraba recientemente el ministro de Industria, José Manuel Soria. Según los datos de Red Eléctrica Española (REE) la nuclear es la principal fuente energética española en lo que va de 2015, cubriendo un 21,3% de la producción, por encima de otras alternativas como la eólica (20,3%) o el carbón (18,3%).

El Gobierno estudia ahora la posibilidad de decretar los terrenos de interés general, lo que permitiría esquivar el veto de Page. Sin embargo, la maniobra del presidente manchego amenaza con retrasar aún más unas instalaciones que ya acumulan varias demoras. Y hay una fecha límite, marcada a fuego en el calendario: el 1 de junio de 2017. Si antes de ese día España no ha retornado los residuos que almacena en Francia procedentes de la desmantelada central de Vandellòs I se expone a pagar más de 60.000 euros diarios en concepto de penalización por el incumplimiento del contrato que Enresa (la compañía que gestiona los residuos nucleares en España) firmó en 2012 con su homóloga gala, Areva.

En la actualidad, España cuenta con una única instalación de gestión para desechos nucleares, la antigua mina de uranio de El Cabril, en Córdoba. Este almacén, sin embargo, solo está preparado para albergar materiales radiactivos de media y baja actividad, tales como restos industriales y material hospitalario o de investigación. Nuestro país, en cambio, carece de un almacenamiento adecuado para los deshechos de alta actividad, que son, principalmente, las barras de combustible empleadas en los reactores nucleares de la Península.

Hasta ahora, las ocho plantas españolas que permanecen en funcionamiento —contabilizando Garoña, cuya reapertura se espera para 2016— han recurrido al almacenamiento en piscinas o en contenedores dentro de los propios terrenos de la central. Una opción que se planteó como provisional y que tiene fecha de caducidad, puesto que las piscinas de varios de los reactores están al borde de su capacidad.

Pese a que existe la posibilidad de ampliarlas o incluso construir Almacenes Temporales Individuales (ATI) en cada central —una opción preferida por los grupos ecologistas ya que se reduciría el riesgo de accidentes al no tener que transportar materiales peligrosos por territorio nacional— esta alternativa sería al menos dos veces y media más cara que el ATC, según cálculos de la industria y la propia Enresa. El sector argumenta que una gestión centralizada de los residuos ( que si son almacenados adecuadamente pueden ser en gran parte reutilizados) optimizaría los recursos de vigilancia y mantenimiento y reduciría los gastos de desmantelamiento de las centrales en el futuro.

«El ATC es un elemento clave para la estrategia energética. La centralización de los residuos está en línea con las estrategias adoptadas a nivel internacional», considera Antonio Cornadó, presidente del Foro de la Industria Nuclear Española. La patronal del sector recuerda que las principales potencias nucleares han optado por desarrollar sus propios ATC, como Japón (Rokkasho), Francia (La Hague y Cascad) o Rusia (Mayak y Kresnoyasts).

Elegir otro terreno, casi descartado

Evitar el choque con Page eligiendo una nueva ubicación para el almacén tampoco sería tarea fácil. Comenzar desde cero en otro lugar obligaría a adquirir nuevos terrenos —los de Villar de Cañas se compraron en 2012— y a realizar de nuevo gran parte de las pruebas de certificación, que en el caso de la localidad conquense culminaron el pasado 29 de junio con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El nuevo proceso, por tanto, implicaría nuevos retrasos y engordaría el presupuesto, cercano en la actualidad a los 930 millones de euros. Un dinero que procede, como toda la financiación de Enresa —una compañía pública propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas— del Fondo de financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (FPGRR).

Pese a que dicho fondo se nutre mayoritariamente de las aportaciones de las operadoras de las centrales, un reciente informe del Tribunal de Cuentas alerta sobre la posibilidad de que, en el futuro, los gastos de gestión de los residuos y del desmantelamiento de los reactores hoy operativos contribuya a generar un déficit de 1.500 millones. El agujero podría tener que ser asumido total o parcialmente por dinero público, según el órgano fiscalizador.

Exportación

Enviar los materiales a otro país que contase con las instalaciones de tratamiento necesarias tampoco sería una alternativa barata ni solucionaría el problema de manera definitiva, a tenor del principal precedente que existe hasta el momento: el acuerdo existente entre Enresa y Areva.

En 1989 la administradora de la central de Vandellòs I, la sociedad franco española Hifrensa, decidió proceder al desmantelamiento de las instalaciones al no poder afrontar la reparación de los daños causados por un incendio que derivó en el incidente nuclear de mayor calado registrado hasta ahora en España. Ante la falta de almacenes adecuados en España, Areva se hizo cargo de los residuos de alta actividad a cambio de una cantidad cercana a los 250 millones de euros, con la condición de que estos retornasen a nuestro país antes del 1 de enero de 2011. En caso contrario el contrato contemplaba una penalización económica revisable que, cuando finalmente entró en vigor —ante la imposibilidad de retornar los residuos a tiempo—, ascendía a más de 60.000 euros diarios.

En febrero de 2012, una vez encarrilado el proyecto del ATC, Enresa y Areva actualizaron el contrato. Ambas empresas aprobaron una disminución de la cantidad de residuos que, llegado el día, tendrá que retornar a España y acordaron la devolución de las penalizaciones impuestas hasta la fecha, con excepción de los gastos del mantenimiento de los residuos durante ese tiempo, de unos 20.000 euros diarios.

El nuevo acuerdo, sin embargo, mantuvo la necesidad encontrar una solución cuanto antes. Según Enresa, desde que se coloque la primera piedra del almacén hasta que éste esté operativo se tardará al menos un año. Si el edificio no está a tiempo, los residuos no podrán ser repatriados, con lo que las penalizaciones entrarían de nuevo en vigor, minando aún más las cuentas de la entidad. Los técnicos miran el calendario y hacen cálculos. El tiempo corre, y los gastos, también.

En Twitter: @UMezcua