Iceta suprime el canon a Google en la nueva normativa sobre derechos de autor
Con cinco meses de retraso y contraviniendo los deseos de parte de la industria cultural, el ministerio suprime la gestión colectiva obligatoria
Sin las debidas explicaciones del ministro de Cultura, de viaje a Dubái, y envuelto en un real decreto que transpone hasta ocho directivas europeas, Miquel Iceta ha optado por eliminar el canon a Google en la adecuación de la normativa europea sobre derechos de autor a la legislación española.
Se hace así realidad el temor que había venido manifestando el sector cultural a lo largo de las últimas semanas: a su juicio, y así lo advirtió la plataforma Seguir Creando en Digital el pasado jueves , la nueva ley que regulará el mercado único digital supone instalar «la ley de la selva en la red».
Ha sido la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez , quien, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha anunciado la aprobación de un real decreto que ha llegado con cinco meses de retraso, pues debió haber estado lista antes del 7 de junio, razón por la cual Bruselas expedientó a España.
Con la transposición de la norma europea, que se aprueba vía real decreto en un paquete que contiene ocho directivas, el Gobierno pretende «adaptar los derechos de autor al entorno digital, teniendo en cuenta los comportamientos de los usuarios y corrigiendo algunos desequilibrios que han provocado en los mercados algunos perjuicios para los titulares de derechos de autor».
Y para resolver estos «desequilibrios», en el punto más conflictivo de la transposición, el Gobierno ha optado por eliminar la gestión colectiva obligatoria , esencial en el modelo de gestión de derechos de autor vigente hasta la fecha, pues esa cláusula permitía a los editores, todos a una, exigir a las grandes plataformas el pago de un canon por el uso de sus contenidos.
Detrás de esta exigencia está la decisión que Google, que siempre se ha negado a pagar por este concepto, tomó en 2014 de cerrar su agregador Google News. Ante la obligación de remunerar a los medios una tasa estipulada y transparente por el uso de contenidos protegidos por los «irrenunciables» derechos de autor, la compañía optó por cerrar su canal.
Posteriormente, con el lanzamiento de Discover, con funcionalidades parecidas a Google News, la compañía volvió a poner en guardia a los medios. Tras conocer los primeros detalles de la transposición, Google dijo a Europa Press que «parecen darse las condiciones idóneas para un potencial lanzamiento de Google Noticias en España»
Con la nueva disposición, las plataformas tecnológicas podrán llegar a acuerdos con los distintos medios en negociaciones individuales. Según Cultura, «da la opción y libertad a cada editor y titular de derechos de gestionarlo, bien de manera individual, mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio».
«La negociación de las autorizaciones a los agregadores de contenido para la utilización de esos materiales se realizará de acuerdo con los principios de buena fe contractual, digilencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio en la negociación», añade Cultura.
Hasta ahora, la legislación hacía referencia a agregadores y buscadores online, pero la nota de prensa del ministerio solo hace referencia a los agregadores, con lo que la industria, que no aún no ha tenido acceso al texto completo, teme que Google y otras compañías queden exentes del pago de un canon en estos sitios.
Lo que las entidades de gestión colectiva han venido advirtiendo es que, sin la negociación colectiva y la irrenunciabilidad del derecho, las grandes plataformas tienen la posibilidad de abonar tasas a los medios que nada tienen que ver con los derechos de autor, un atajo económico que, a la larga, es perjudicial para el sector.
En este sentido, fuentes de CEDRO –agrupa a autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras–, lamentan la eliminación de la gestión colectiva obligatoria «porque eso debilita al sistema de protección en su conjunto».
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) también considera «insatisfactoria para los intereses de los periodistas» esta transposición: «La no obligatoriedad de la gestión colectiva perjudica claramente a los autores, ya que abre la puerta a acuerdos individuales opacos entre editores y plataformas».
A la espera de que el texto sea publicado en el BOE y conocer todos los detalles del mismo, Manuel Rico , presidente de la Asociación Colegial de Escritores, no descarta ir a los tribunales al entender que los derechos de autor de periodistas, escritores y colaboradores de medios, como los fotógrafos, «no están concertados y, por tanto, no hay posibilidades de que perciban una remuneración adecuada por parte de las plataformas por agregar sus contenidos, tal y como contempla el artículo 15 de la directiva».
«La única fórmula transparente es la gestión colectiva obligatoria», añadió Rico, a preguntas de ABC. «Consideramos que Google ha impuesto su criterio y hay grandes medios que han establecido acuerdos opacos que todos desconocemos. Somos nosotros, los periodistas y escritores, quienes estamos en el origen y somos los últimos en recibir».
Para ACE, el modelo más adecuado es el alemán, que obliga a los agregadores de noticias a adquirir licencias de los editores de prensa por difundir sus contenidos. El modelo italiano, que se está debatiendo en el Parlamento, también indica que las plataformas digitales, incluidas las redes sociales, deben disponer de la autorización de los autores cuando enlacen obras protegidas por los derechos de autor.
En el otro extremo se sitúa el modelo francés, el que ha seguido Iceta, con una redacción ambigua que ha dado lugar a diversas interpretaciones y que incluso ha sido judicializado. Es la ‘ley de la selva’ de la que advirtió hace unos días Seguir Creando en Digital, que agrupa al grueso del sector:«Se instaurará una práctica basada en acuerdos opacos, sin transparencia alguna, entre plataformas y empresas».
