El PSOE pide un Pleno para acabar con el «silencio» sobre el caso acuíferos de Chiclana

Fue la maniobra lampedusiana perfecta: cambiarlo todo para que todo siga igual, como teorizó Giuseppe Tomasi di Lampedusa en ‘El gatopardo’. Un golpe de timón, tan efectista como inesperado, para que hoy, dos meses después, nada haya cambiado en torno a lo que ya se denomina como 'caso acuíferos'. O al menos así lo ven tanto la concejala no adscrita Susana Moreno, como el PSOE Local. Ambas partes lamentan que después de más de 60 días poco o nada haya sacado en claro el Ayuntamiento, después de asegurar desconocer un informe sobre el mal estado de los acuíferos que llevó a la destitución de Moreno. Sin embargo, tras esa maniobra digna del 'gatopardismo', los socialistas no han visto más movimiento en el Consistorio y acusan al alcalde Ernesto Marín de prolongar su «silencio» al respecto.

Concretamente, la concejala socialista Cándida Verdier hizo ayer referencia al acuerdo plenario que hace dos meses también aprobó por mayoría absoluta de la oposición, la creación de una comisión de investigación para esclarecer el caso. Ante «el silencio y la paralización de los trámites necesarios para la constitución de dicha comisión», el Grupo Municipal Socialista presentará por Registro de Entrada del Ayuntamiento una propuesta, a través de la cual solicitará la convocatoria de un Pleno Extraordinario sobre este asunto.

«Estamos hablando de un asunto muy serio, que puede afectar a la salud de miles de chiclaneros. Hemos estado esperando un tiempo prudencial desde que tuvimos conocimiento de los informes elaborados en relación a la contaminación de los acuíferos de Chiclana y desde la aprobación en el Pleno del pasado 26 de febrero de la creación de una comisión de investigación. Sin embargo, casi dos meses después, no solo no se ha constituido dicha comisión de investigación, sino que tampoco se ha tratado en la comisión informativa», lamentó Verdier. A eso añadió que «lo que más llama poderosamente la atención es que el alcalde que permanece en silencio, no dice absolutamente nada sobre este tema y parece que está escondido». «Pero lo más grave es que hay más de 22 millones de euros invertidos en tuberías de fecales y agua potable, que llevan cuatro años soterradas, y no se ha hecho absolutamente nada», indicó.

Verdier dio un paso más al preguntarse: «¿Qué ocurre con la responsabilidad política de un alcalde que tiene en sus manos la posibilidad de dar agua corriente y alcantarillado a estos 4.000 vecinos y, sin embargo, no hace nada?» Ante todo ello y «viendo que este Gobierno encabezado por el señor Marín no pretende solucionar el problema ni aclarar qué está pasando en los acuíferos, el Grupo Municipal Socialista presentará por escrito la solicitud de un Pleno Extraordinario para pedir que el alcalde dé las explicaciones oportunas y diga qué pasa con esas infraestructuras que se instalaron hace más de cuatro años».

Así, Verdier criticó que «tanto el alcalde como su delegada de Urbanismo no han sido capaces de sentarse con las administraciones que hagan falta ni con los técnicos municipales para ver cuál es la forma de dar servicios a estos vecinos».

Cándida Verdier acusó también a Ernesto Marín de «ser el máximo responsable de la situación actual de los acuíferos, puesto que no da solución a tantas y tantas familias que tienen las tuberías en las puertas de sus viviendas». «Sin embargo, este Gobierno municipal no ha querido aplicar el Decreto 2/2012, tal y como han hecho otras poblaciones, simplemente porque no quiere trabajar por solucionar los problemas de la ciudad», concluyó.

Avances de la Fiscalía

Lo cierto es que el único aparente movimiento se ha producido a nivel judicial. Y es que toda la polvareda política en torno al informe llevó a la Fiscalía a decidir actuar de oficio para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales en torno a la salud pública, el medioambiente y la ocultación de información. En este sentido, el propio Marín reconoció en días pasados que ya han remitido a la Fiscalía toda la documentación requerida. Ésta es, principalmente, el propio informe, del que se han enviado varias copias.

A nivel de otras administraciones, como la Junta de Andalucía tampoco se ha movido ficha; más allá de aclarar que los acuíferos no eran competencia suya. De hecho, el escándalo solo ha servido para que los técnicos de la Junta hayan intensificado su control en el agua que se sirve en todas las ventas del extrarradio, para evitar que el agua que se sirva o consuma esté contaminada.