Los consumidores pagarán los 1.350 millones que cuesta cerrar Castor

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley que permite la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y establece una compensación de 1.350 millones de euros a la promotora Escal, participada por el Grupo ACS en un 66,67%. Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, esta cantidad será abonada por el gestor gasista, Enagás, en una operación «muy ligada a la financiación del Banco Europeo de Inversiones».

Con posterioridad, y durante un periodo de 30 años, el sistema gasista deberá compensar a Enagás por este adelanto en el pago. Esto implica que muy probablemente el coste del cierre temporal de Castor -cuya actividad estuvo relacionada con la secuencia de terremotos detectados frente a las costas de Castellón- será asumido por los consumidores de gas a través de las facturas.

La hibernación de la instalación «implica que está prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural» en el almacenamiento, cuya concesión a Escal queda extinguida al haber aceptado el Gobierno la renuncia al proyecto presentada por los promotores, explicó Sáenz de Santamaría. En definitiva, la resolución cierra el depósito.

Por su parte, Enagás, que será la encargada de realizar esa hibernación del depósito subterráneo, acordó con varias entidades financieras la cesión de los derechos del cobro de los 1.350 millones de euros y estos bancos serán los que adelantarán el pago a Escal. De esta manera, la empresa asegura que la repercusión de la hibernación de Castor tendrá «un carácter neutro desde el punto de vista financiero» en sus cuentas.

Historia del despropósito

Con esta resolución se pone fin a una década de despropósitos, en la que nadie previó las consecuencias que tenía sobre el subsuelo la inyección de gas a presión. A la postre, la operación se tradujo en una cadena de terremotos que provocó el cese del llenado de Castor y ahora su hibernación, es decir, su cierre definitivo.

El proyecto Castor nació como una gran iniciativa dirigida a garantizar una reserva de gas en el caso de que el suministro, procedente de países no comunitarios. Los expertos del Gobierno recordaron que a 22 kilómetros de las costas de Vinaroz (Castellón) y a 1.759 metros de profundidad existía una antiguo yacimiento petrolífero que había dejado de producir crudo. De esta manera, el 16 de mayo de 2008 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero anunció su concesión a la sociedad Escal UGS. Y manos a la obra. Se construyó un sistema de tuberías para comunicar la instalación en tierra con el antiguo pozo petrolífero. Se realizaron informes medioambientales y de seguridad, pero nadie se percató de otra realidad. La corteza terrestre es como un tapete. Cualquier cosa que se haga por debajo o la empuje repercute sobre toda su superficie.

A mediados de 2013, con la instalación concluida, comenzó a llenarse el depósito con el llamado 'gas colchón'. Pero no pasaron más que unas semanas. En agosto comenzaron a sentirse pequeños terremotos en localidades costeras de Castellón y Tarragona próximas. El 26 de septiembre de 2013, Industria ordenó paralizar el llenado, lo que se tradujo en un cese de los terremotos. En total fueron contabilizados 516, la mayoría de pequeña intensidad, por lo que no fueron sentidos por la población.

El Gobierno de Zapatero no tuvo en cuenta los riesgos sísmicos. Solo el Observatorio del Ebro solicitó en su día que se llevara a cabo ese estudio. Pese a todo, el Ejecutivo actual aseguró que todos los requisitos legales para la concesión del proyecto y llenado del mismo se cumplieron.

La confirmación de que las presiones sobre las fallas del suelo adelantaron los fenómenos sísmicos. Parecía ser el anuncio del fin. En vista del negro futuro, el pasado junio ACS renunció a la concesión del almacén subterráneo de gas. Ahora el Gobierno ha certificado la defunción de un proyecto que pagarán religiosamente los contribuyentes.

En España existen dos depósitos subterráneos que no han dado problemas. Uno está en Serrablo (Huesca) y el otro bajo las aguas del Cantábrico, frente al cabo Machichaco y la localidad vizcaína de Bermeo.