Casi 900.000 personas han perdido su derecho a la sanidad pública desde 2012

Desde abril de 2012 al menos 873.000 personas han perdido el derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno, tal como denuncia el manifiesto hecho público ayer por 73 organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico, al cumplirse los dos años de la entrada en vigor del real decreto ley (RDL) de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

El documento pone de manifiesto los «impactos» causados por la normativa aprobada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que dirige Ana Mato, en el que subraya «el incumplimiento por parte del Gobierno» de la legislación internacional de derechos humanos.

Con el RDL, «la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas, y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado». Además, según denuncia el manifiesto, «se restringen ciertas prestaciones y se aumenta la carga económica directa para las personas».

El manifiesto advierte de que esas cerca de 900.000 personas son una población «especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de protección sociosanitarias», unos ciudadanos que están «contribuyendo mediante los impuestos a la financiación» del sistema sanitario.

La dispar aplicación del real decreto en cada una de las comunidades autónomas y por parte de los distintos centros sanitarios «ha deteriorado aún más la cohesión territorial» en el Sistema Nacional de Salud y «ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo».

Los firmantes también ponen de manifiesto que con las personas para las que la normativa sí reconoce la atención sanitaria (embarazadas, menores, atención de urgencias.) «se han originado numerosos casos de desatención, sin que, hasta la fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos». Porque, al desplazar la atención a las urgencias, «genera retraso diagnóstico y agravamiento de las patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su atención».

Efecto disuasorio

El pago de un servicio de urgencias en un centro público «ha generado un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial que está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas», destaca el manifiesto. Además, denuncia que el RDL también «sienta las bases para que se produzca un retroceso en los programas de prevención, vigilancia y control de enfermedades», con el consiguiente riesgo de aparición de brotes epidémicos, lo que «tiene repercusiones no sólo en el ámbito individual, sino también en la salud colectiva».

El escrito, además, denuncia que la normativa «dificulta la detección de casos de violencia de género, así como la adecuada asistencia en casos de violencia sexual», de manera especial en mujeres inmigrantes a las que se les ha retirado la tarjeta sanitaria.

El manifiesto recuerda que varios organismos de la ONU y el Consejo de Europa han subrayado que esta reforma «contraviene estándares internacionales de derechos humanos», hecho por el que «han dirigido numerosas recomendaciones al Gobierno español instándole a garantizar el acceso a la atención sanitaria» de los inmigrantes, «independientemente de su situación administrativa». Incluso han llegado a solicitar al Ejectivo español que «evalúe el el impacto de la reforma sanitaria en términos de derechos humanos», cuya protección «no puede ser ignorada por las presiones fiscales». «Hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido ninguna de estas recomendaciones», añaden.

Las organizaciones que suscriben el escrito recuerdan también que el Tribunal Constitucional, en dos resoluciones, afirma que el derecho a la salud y el derecho a la integridad física, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, «no pueden verse desvirtuados por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado».

El manifiesto concluye con la petición de que se restablezca un Sistema Nacional de Salud «universal, de calidad y sostenible sobre la base de una gestión eficiente, eficaz y transparente».