El enjambre de la vivienda ilegal

Incapaz de resolver el rompecabezas más que con indulgencia y populismo, el PSOE propició ayer que el Parlamento de Andalucía aprobara, con el rechazo de IU y la abstención del PP, la propuesta anunciada ayer por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. En la práctica, eso viene a suponer barra libre, tabla rasa, para regularizar las viviendas construidas desde hace años en suelo no urbanizable y para las que ha prescrito el plazo para restituir la legalidad. Esas son las llamadas viviendas ilegales, construidas sin permiso ni control y que en municipios como Chiclana, El Puerto, Vejer o Sanlúcar se cuentan por millares. En el texto legal, la Junta reconoce que persigue «la restitución de la legalidad urbanística» de estas casas para «posibilitar su permanencia». Es decir, que las deja estar con el agravio comparativo que eso supone para los ciudadanos que pagan sus impuestos y servicios desde hace años, que pagaron o deben pagar cada céntimo de la vivienda que ocupan o de la segunda residencia legalizada que puedan tener.

De este defecto cabe deducir el silencio del Partido Popular que, si bien renuncia a la persecución legal de los propietarios de estas viviendas irregulares, tampoco se posiciona con esta especie de amnistía universal.

El afán electoralista y demagógico de la iniciativa es evidente a falta de medio año para las elecciones municipales. El PSOE lanza un guiño a miles de votantes de grandes núcleos rurales y propietarios de grandes ciudades que incluso han llegado a agruparse en partidos con representación institucional (caso de Chiclana). Algo de miedo, pocas ideas y ninguna ética en una medida con tintes injustos.