El Gobierno busca un «gran acuerdo social» contra la violencia de género

El Gobierno busca alcanzar un «gran acuerdo social» contra la violencia de género. Este consenso servirá para evaluar el funcionamiento de la ley contra la violencia machista y permitirá implementar una serie de medidas para mejorar la protección y atención de las mujeres que la sufren en sus carnes.

Durante casi tres horas, la ministra de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad, Ana Mato, junto a los portavoces de la las comisiones de Igualdad de Congreso y Senado analizaron las propuestas para luchar con la la violencia de género, asuntos en los que «los distintos grupos políticos demostraron que están al 100% de acuerdo con el Ministerio en la detección de los problemas» que conlleva el fenómeno. Sin embargo, en la reunión no se alcanzaron acuerdos ni plantearon medidas concretas para atajar un fenómeno que ha costado ya la vida a 41 mujeres a lo largo de 2014.

Según explicó al delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, en el encuentro se puso de manifiesto la existencia de unos «problemas» tales como la necesidad de que aumenten las denuncias de las víctimas, falta de coordinación y sensibilización de los distintos agentes -policiales, judiciales, sanitarios, etc..-; la obligación de incrementar la prevención mediante la educación; de afrontar las nuevas formas de violencia mediante las nuevas tecnologías y la mejora en la protección efectiva de las víctimas.

Hernández aseguró que todos los sectores sociales deben realizar una «reflexión» sobre la vigencia de la Ley contra la Violencia de Género, aprobada en 2004, para saber si todavía es eficaz o si, por el contrario, es necesario modificarla». En todo caso, la representante del Gobierno, que apuntó que no existe un calendario establecido para esa modificación, dijo que la ley fue aprobada de manera unánime por todos los grupos políticos, «por lo que si hay que reformarla se debe hacer por unanimidad». Reconoció que, tras escuchar a los partidos, «puede que alguna medida no goce de esa unanimidad».

En la reunión, según la delegada del Gobierno, se observó un «gran acuerdo» sobre los problemas detectados, asuntos a los que se sumaron propuestas como la protección de los menores, también como víctimas de la violencia machista, la asistencia jurídica gratuita o que sea el jugado contra la violencia de género el que se haga cargo de todo los procesos que se puedan derivar del caso.

Perder el tiempo

Tras la reunión, la portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Montón, destacó la voluntad de diálogo por parte de los representantes del Ministerio, aunque en el encuentro no se concretó nada. «No se puede pedir nada sin saber sobre qué bases», dijo.

Para la diputada socialista, el Gobierno «debe empezar a trabajar y dejar de perder el tiempo» en la lucha contra la violencia de género, un asunto en el que «no vale la improvisación, porque la vida de muchas mujeres está en juego». De esta manera, solicitaron en la reunión una aumento de la condena y el rechazo social ante este fenómeno, mayor protección para las mujeres, detectar la «bolsa de maltrato oculto» y realizar una labor de prevención, sensibilización y educación.

Desde el PP, su portavoz en la Comisión de Igualdad del Congreso, Marta González, destacó que el encuentro sirvió para «recoger las aportaciones de los grupos parlamentarios» y llegar a «un acuerdo sin fisuras», «un frente unido» para «enviar el mensaje a las mujeres de que hay salida de la violencia de género, que debe denunciarse». Entre las propuestas de los populares destacó el que la víctima no se tenga que cruzar en los juzgados con su maltratador o que la mujer pueda dejar su trabajo y cobrar una prestación de desempleo.

El portavoz del Grupo Vasco, Joseba Andoni Agirretxea, reclamó el consenso y dijo que la reunión convocada por el Ministerio «se ha hecho tarde». Agirretxea pidió que para que se llegue a ese acuerdo el Gobierno no debe aplicar su política «basada en el rodillo» para luchar contra el maltrato y unos asesinatos «que provienen de la desigualdad». Más crítica fue la representante de CiU, Lourdes Ciuró que denunció que, tras escuchar las propuestas, «no hay ninguna novedad». Según dijo, son las mismas medidas recogidas por el grupo de trabajo Congreso-Senado, cuyas sesiones concluyeron antes del verano.