El Gobierno cuenta con suspender la consulta un mes antes del 9 de noviembre

El Gobierno de Mariano Rajoy cuenta con que la consulta soberanista en Cataluña estará ya suspendida al menos un mes antes de la fecha que tiene fijada para su celebración (el 9 de noviembre). La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, confirmó ayer lo que se deducía de los mensajes del Ejecutivo central: que el Gobierno impugnará la ley de consultas y el propio decreto de convocatoria del referéndum solo unos días después de que lo firme Artur Mas y que calcula que el Tribunal Constitucional no tardará más de otra semana en admitir a trámite los recursos, momento en que el referendo secesionista quedará suspendido hasta que los magistrados resuelvan el fondo del conflicto.

Los plazos que se manejan tanto en Madrid como en Barcelona son los siguientes. En la semana del 15 al 21 de septiembre, el Parlamento catalán celebrará el debate de política general, que podría concluir con la aprobación de la ley de consultas, el viernes 19. La intención de Mas es firmar el decreto de convocatoria esa misma tarde, después de que salga publicado en un BOE catalán extraordinario, para evitar un recurso exprés a la ley y poder así cumplir con su promesa de haber convocado un referéndum legal, pues el decreto estaría amparado por una norma autonómica vigente.

Lo estará, pero poco tiempo, porque el PP y el Gobierno van a acelerar los trámites. El objetivo, señaló Sánchez-Camacho, es que haya el «mínimo tiempo posible» entre la interposición de los recursos y la suspensión. «Todo eso está trabajado y preparado», dijo. Desde la Generalitat evitaron entrar en el terreno de las «especulaciones». «Si el Gobierno ya sabe en cuántos días dictará un pronunciamiento el Constitucional, me provoca cierta sorpresa», afirmó el portavoz, Francesc Homs. «Como seguro que no es así, porque no lo pueden saber, ya se verán los hechos», remató.

El doble recurso del Gobierno, que deberá antes pedir informe al Consejo de Estado, tendrá como base algunas de las tachas de inconstitucionalidad que ya adelantaron los cuatro (de nueve) miembros del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña que no avalaron la ley de consultas. Principalmente que no se puede utilizar una norma autonómica para preguntar sobre la independencia de Cataluña, un asunto reservado a referéndum y cuya convocatoria es potestad exclusiva del Gobierno central. El Constitucional tiene jurisprudencia al respecto ya que en 2008 declaró nula la consulta impulsada por el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe por invadir competencias del Estado.

Tras la suspensión, Mas tendrá dos opciones: acatar el veto o seguir adelante y celebrar la consulta a pesar de todo, quedando fuera de la ley y con el riesgo de que el Gobierno recurra al artículo 155 de la Constitución, que contempla incluso la suspensión de la autonomía.

Ambigüedad

La Generalitat no enseñará sus cartas hasta el final y mantendrá una estudiada ambigüedad para mantener la unidad del frente soberanista. Este doble discurso le permite, en un mismo día, presentar la Diada más independentista y reconocer, como hizo el consejero Santi Vila, que el Constitucional actuará de «árbitro» en el proceso catalán y que no acatar sus resoluciones llevaría a Cataluña más «inseguridad e incertidumbre». Vila, de Convergencia, es uno de los miembros del Ejecutivo catalán que se ha mostrado en contra de colocar las urnas en caso de veto del Constitucional.

La última palabra, en cualquier caso, la tendrá el presidente de la Generalitat. Mas, sabedor de que llega el momento decisivo, insistirá estas próximas semanas en la línea maximalista. El Gobierno catalán ha preparado para el 11 de septiembre unos actos en los que por primera vez en una Diada el presidente de la Generalitat rendirá homenaje a uno de los iconos del independentismo, como es el 'Fossar de les moreres'. Una fosa común junto a la Catedral del Mar donde están enterrados los «mártires», según reza la placa que hay en la plaza, de la Guerra de Sucesión de 1714 y donde todos los años se manifiesta el independentismo radical. La Generalitat modificó la agenda de actos institucionales con el objetivo de organizar una Diada «más reivindicativa» en un «año excepcional», según el Gobierno catalán.