Alaya cierra el cerco sobre Delphi con una nueva investigación que se suma al 'caso Edu' y a las denuncias de los extrabajadores

Cada vez son más las miradas hacia el acuerdo que se firmó en julio de 2007 con los casi 2.000 trabajadores que perdían su empleo tras cerrar la planta de componentes Delphi en Puerto Real. Cada vez son más los dedos que señalan, o al menos tratan de aclarar, una montaña de irregularidades que pudieron propiciar el enriquecimiento de algunos intermediarios y el abandono, al menos en el aspecto de la recolocación, de los verdaderos afectados. Para demostrar esta acumulación de miradas, la investigación que mantiene abierta la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha coincidido en el tiempo con el auto que la jueza Mercedes Alaya firmó el pasado viernes para imputar al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Ese documento viene a sumarse a los indicios hayados por los investigadores que, desde Málaga, dirigen el 'caso Edu'. En este supuesto fraude millonario, miles de millones en ayudas a desempleados fueron desviados a bolsillos de particulares, entre ellos los destinados a formar y recolocar a los damnificados por la marcha de Delphi hace siete años. Los indicios policiales han dejado claro en un informe que el exconsejero Ángel Ojeda se habría lucrado con el cierre de Delphi al recibir millonarias subvenciones para tratar de reciclar a esa plantilla, algo que nunca sucedió.

Pero además de esas averiguaciones y de forma paralela, Mercedes Alaya considera en su auto contra otro exconsejero, Antonio Fernández, que todo el acuerdo firmado con las centrales sindicales para reinsertar en el mercado laboral a la plantilla de la antigua factoría puertorrealeña es irregular.

Aquel convenio establecía que la Junta de Andalucía se comprometía a preparar a los trabajadores afectados para que pudieran trabajar en nuevas empresas que se comprometía a atraer hacia la Bahía de Cádiz con incentivos fiscales o de otro tipo. Todas las gestiones acabaron por ser un fiasco, como demuestra el Plan Bahía Competitiva, también sujeto a investigación por el posible desvío de millones de dinero público a un empresario gallego que se habría lucrado sin llegar a crear ningún empleo.

Siete años después y 300 millones de euros más tarde, ni hay ninguna nueva empresa ni se ha recolocado con éxito a casi la mitad de los afectados pero, además, Mercedes Alaya cree que el pacto nunca debió existir, que podría estar fuera de la legislación y que es preciso investigarlo. Portavoces de la plantilla de Delphi, que mantienen un encierro desde hace seis meses en la sede de los sindicatos, en la avenida de Andalucía de Cádiz, han acogido de forma positiva la decisión judicial. Quieren que se aclare si el acuerdo contenía irregularidades y que los responsables institucionales, llegado el caso, asuman sus responsabilidades pero también exigen que se aplique su contenido, especialmente en cuanto a las recolocaciones. Los extrabajadores entienden que, con todos los errores que se quiera, el acuerdo se suscribrió y debe ejecutarse. Para terminar el galimatías, además de la investigación de Alaya y del 'caso Edu', otra denuncia elevada al Supremo debe aclarar si la Junta debe recibir alguna sanción o condena por este incumplimiento.