La nueva ley de Servicios Sociales garantiza el auxilio a inmigrantes sin regularizar

La Junta de Andalucía garantizará por ley el auxilio de los inmigrantes sin regularizar que vivan en la comunidad. Así se desprende del borrador del anteproyecto de la nueva ley de Servicios Sociales que el Consejo de Gobierno aprobará antes de final de mes y al que ha tenido acceso este periódico.

Uno de los avances de esta ley es que crea y define un verdadero sistema público de servicios sociales, dotado de naturaleza jurídica, que garantiza «a todas las personas en Andalucía el derecho universal de las prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales (SPSSA), en condiciones de igualdad y según su necesidad».

En la norma, con seis títulos y 134 artículos, no se especifica que los inmigrantes sin regularizar tengan derecho a los servicios sociales. Se dice que el sistema beneficiará a las personas de nacionalidad española con residencia en Andalucía; a las personas extranjeras que estén empadronadas y residan en Andalucía; y a los andaluces en el Exterior. Pero también añade que beneficiará «a todas las personas que, encontrándose en Andalucía, sufren alguna situación de extrema urgencia personal, familiar o social», lo que deja abierta la puerta a la atención de inmigrantes sin regularizar.

Esta inclusión otorga el carácter universal a la asistencia social en Andalucía, del mismo modo que la Junta ha hecho con la atención sanitaria, en contra del criterio en este sentido del Gobierno central, que excluye a los llamados 'sin papeles'.

La futura norma también consolida el copago en los servicios sociales, ya que en los criterios de financiación se dice que las personas usuarias «contribuirán» al pago de las prestaciones de los servicios sociales, «según el tipo de prestación y de acuerdo a su capacidad económica». En cualquier caso, «nunca, nadie quedará excluido de una prestación del SPSSA por falta de medios económicos», advierten en la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Financiación privada

Como otras vías de financiación la ley plasma no solo los presupuestos de la Junta, estatales y municipales, sino las entidades privadas con convenios de colaboración y las donaciones o el mecenazgo.

La ley, que busca garantizar a todas las personas el derecho a una vida digna, vendrá a sustituir a la aprobada en 1988 y es especialmente relevante puesto que regula los avances de los servicios sociales en estos años, sobre todo a raíz de la aprobación en 2006 por el Gobierno central de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. La norma ordena el papel de la iniciativa privada para participar de los servicios sociales.

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), dependiente de la consejería competente, será el principal proveedor. La forma preferente de colaboración con la iniciativa privada serán los conciertos con centros, entidades y servicios que se encuentren previamente autorizados y, en su caso, registrados en el Registro General de Servicios Sociales de Andalucía.

Las relaciones financieras con el SPSSA se establecerán mediante la aplicación de la fórmula contrato-programa. La ley, que contempla sanciones para los infractores, incluye como novedad una tarjeta social para todos los andaluces, por separado o junto a la sanitaria. Junto a la historia social informatizada, servirá como instrumentos técnicos clave para una mejor atención integral.

En la actualidad la agencia de servicios sociales de la Junta expende una tarjeta a los mayores de 65 años, incluso con la modalidad 'oro' para aquellos con ingresos inferiores al 75% del IPREM. La ley incluye la elaboración de planes estratégicos de la materia y comités de ética.