Alaya amplía el embargo de bienes a Magdalena Álvarez para cubrir la fianza

El juzgado de los ERE, cuya titular es Mercedes Alaya, ha ampliado el embargo de bienes propiedad de la exministra Magdalena Álvarez, dada la insuficiencia de los ya trabados para cubrir su fianza civil de 29,5 millones de euros. Esta ampliación se hace a escasos días de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla decida sobre el recurso contra la fianza civil presentado por la exconsejera de Hacienda de la Junta y al que se ha sumado la Fiscalía anticorrupción. Este recurso no paraliza la obligación de pago en un proceso en el que Alaya ha imputado a 199 personas.

El juzgado de Alaya, en un decreto al que tenido acceso Efe, informa de que ha procedido a la averiguación de bienes a través del Punto Neutro Judicial dado que los bienes embargados hasta ahora no son suficientes para cubrir la fianza civil de 29.568.129 euros. Además, el Registro de la Propiedad de Madrid ha informado al juzgado de que dos fincas reseñadas pertenecen a Magdalena Álvarez en una proporción diferente a la indicada por la interesada, por lo que la secretaria judicial procede a embargar los bienes en el porcentaje indicado por el registrador de la propiedad.

Asimismo, la secretaria ordena una mejora del embargo sobre bienes de Magdalena Álvarez, en concreto sobre una vivienda en Playa del Moral de Estepona (Málaga) y el 50 % de una plaza de aparcamiento y trastero en la calle Torneo de Sevilla. Además se amplía el embargo a 75 enteros por ciento del pleno dominio de una vivienda en la calle Cea Bermúdez de Madrid y 75 enteros por ciento de una participación indivisa del 0,91 % del pleno dominio de un local comercial en esa misma calle de Madrid.

El PP olvida el boicot

Por otra parte los abogados de la Junta de Andalucía han pedido como fianza civil 1,8 millones de euros y 3 millones para dos presuntos testaferros de empresas que recibieron ayudas en la Sierra Norte de Sevilla, en concreto las del entramado Rosendo-Sayago, que recibieron, según la jueza, 34 millones de euros de forma ilícita. Los dos empresarios testaferros, Rafael Ávila y José Enrique Rosendo, se acogieron a su derecho a no declarar.

Alaya inició ayer la toma de declaraciones a 28 nuevos imputados en el caso de los ERE. Para hoy está previsto que interrogue al exsecretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y otros sindicalistas por el ERE de Altadis.