La Justicia no llega para los afectados del 'caso burbuja inmobiliaria'

Se van cumpliendo los pronósticos de los afectados más pesimistas que previeron en octubre de 2012 que la sentencia que debía enviar a la cárcel a los dos condenados por el 'caso burbuja inmobiliaria' tardaría en cumplirse en el caso de que llegara a confirmarse ante el Supremo. Ese tribunal la ratificó para Luis Manuel García, sentenciado a seis años de cárcel por un delito de estafa continuada y rebajaba a los cuatro y medio, la pena para la coautora del engaño, Ana Suárez. A día de hoy, él está en búsqueda y captura, mientras que su otrora pareja ha obtenido el beneplácito judicial para que no ingrese en prisión. La decepción y la rabia va en aumento en la veintena de vecinos que perdieron el dinero de las señales que entregaron para reservar la compra de un piso en la ciudad de Cádiz.

Este periódico informaba hace unas semanas que la Audiencia Provincial no conseguía notificar a Luis Manuel García el auto que desestimaba suspender la ejecución de su condena. Había solicitado esta medida cautelar mientras el Consejo de Ministros resuelve su petición de indulto; sin embargo, el tribunal de la Audiencia que lo había condenado se lo denegó, respaldado por la Fiscalía que había emitido un informe desfavorable a la situación de libertad. En la resolución se subraya que el condenado no había dado muestras de arrepentimiento y que no había devuelto los 162.000 euros que le adeuda a las víctimas.

Ante la imposibilidad de localizarlo, el tribunal ha dictado una orden de búsqueda y captura para que sea arrestado y trasladado de inmediato a un centro penitenciario. Pero parece que este estafador se lo ha tragado la tierra. Los afectados no lo han visto por la ciudad de Cádiz, donde es fácil reconocer caras, y está convencidos de que se ha marchado de la capital.

No es el único revés que han sufrido últimamente los afectados. La Audiencia sí ha atendido la petición formulada por la coautora de la estafa, Ana Suárez, quien había solicitado también la suspensión de la ejecución de la pena, en su caso por motivos de salud. Su defensa alegó ante el tribunal que la condenada sufre una dolencia severa degenerativa (esclerosis) que podría agravarse seriamente en un centro penitenciario.

Ni rastro del dinero

Así, cinco años después de la detención de la pareja y con una sentencia condenatoria confirmada por el Supremo, los afectados no han sido resarcidos ni en lo económico, porque no han recuperado el dinero que invirtieron en los pisos, ni como usuarios del sistema judicial porque siguen esperando que se cumpla el fallo judicial que les dio la razón en 2012.

A este cúmulo de circunstancias adversas se suma que la Justicia les ha denegado acceder a las propiedades que sirvieron de aval para que los dos condenados salieran de la cárcel en libertad provisional meses después de su arresto en 2009. Se trata de dos viviendas del padre que las víctimas entienden que podrían haber servido para pagar a los afectados.

El 'caso burbuja inmobiliaria' tuvo una gran repercusión mediática en 2009. Un grupo de la Udyco de la Comisaría provincial aglutinó las distintas denuncias que fueron llegando y que reproducían un mismo relato: Un anuncio visto en internet en el que se ofrecían pisos en el centro de Cádiz por debajo del precio de mercado; los interesados acababan reservando el inmueble con el pago de un anticipo, que solía ser el 10% del montante total de la operación; firmaban un contrato de arras y a la hora de cerrar la compra, la dueña se echaba para atrás, surgían problemas de última hora y las víctimas se quedaban sin dinero y sin piso. Una veintena de clientes había señalado las mismas viviendas: cuatro en Cádiz y una en Chiclana.

A esta primera parte de las diligencias se incorporó una ampliación de la investigación llevada a cabo por la Udyco y en la que se señalaban también como afectadas tres entidades bancarias. La Policía les imputó un segundo delito de estafa en la firma de varias operaciones hipotecarias sustentadas en documentación falsa. A través de esos préstamos, que gravaba algunos de los pisos que habían ofrecido a las víctimas, los dos condenados, según las pesquisas policiales, obtuvieron 760.000 euros. Si bien, esta parte de las diligencias no llegó a juicio.