La policía llama trabajador «fantasma» a un sobrino de Felipe González

El Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional afirma que en la empresa pública andaluza Invercaria existían «trabajadores fantasma» o «intrusos» como Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González, o Cristóbal Cantos, quien denunció a la anterior directora, Laura Gámiz. Además, advierte del pago de préstamos superiores a lo estipulado y de despidos cuya cuantía califica de «desproporcionada».

En un informe dirigido al juez de instrucción nº 16 que investiga el 'caso Invercaria', la Policía advierte de que González Mejías y Cristóbal Cantos fueron a la vez directores de Promoción y «coincidieron con el mismo contrato» entre el 1 de noviembre de 2005 y el 10 de octubre de 2007, de modo que o «uno de ellos es falso, o bien ambos compartieron el cargo».

El informe dice textualmente que «necesariamente debe considerarse a González Mejías como un trabajador fantasma o intruso, es decir, que constando formalmente como trabajador dado de alta en la Seguridad Social, en realidad no presta servicio de forma efectiva en la empresa».

La Policía detecta además que Invercaria concedió préstamos personales a Cantos y González Mejías «por importes superiores a lo establecido en el convenio que regula las relaciones laborales». Luego se los condonó, «incluyendo en la última nómina, antes de la extinción de la relación laboral, cuantías o conceptos desproporcionados y coincidentes con las deudas pendientes», dice el informe. Es más, al sobrino de Felipe González se le condonó presuntamente mediante el pago de horas extras y finiquito «sin ningún soporte documental en ambos conceptos». A Cantos, mediante «un complemento de destino desconocido en otras nóminas», por un importe de 12.960 euros. González Mejías tenía en 2005 una retribución de 61.000 euros y Cantos de 52.000 euros

El Grupo de Blanqueo afirma también que Tomás Pérez Sauquillo, expresidente de Invercaria, ya imputado, y Oscar Fernández Vicioso, que era director del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), tuvieron unas indemnizaciones por despido que «se aumentaron considerablemente el mismo día en que se comunica a los interesados, presentando la apariencia de estar pactados previamente». Este cobraba una nómina de 76.000 euros.

Invercaria, posteriormente, lamentó el «lenguaje subjetivo» de la Policía y negó en un comunicado que cuente con «intrusos» o «trabajadores fantasma». Explicó que Cantos trabajaba en la sede de Invercaria y González en el Observatorio de Innovación, de la Consejería de Economía.

Los préstamos, indica, eran «anticipos de salario» a cuenta, por tratarse de créditos sin interés que se compensan con salarios y dice que no estaban reservados a directivos, sino que podían ser solicitados por todo el personal.