Una reforma fiscal 'a la carta'

«Vamos a bajar los impuestos». Ese es el mantra repetido por el Gobierno sobre la reforma fiscal que aprobará probablemente el próximo viernes. Sin embargo, no han trascendido detalles de lo que prepara el Ejecutivo más allá de algunos anuncios limitados -rebaja del tipo de Sociedades del 30% al 25% en dos fases y reducción de siete a cinco tramos en el IRPF-. Por contra, los organismos internacionales, el Banco de España, la patronal, los sindicatos y casi cualquier sector económico han hecho públicas sus preferencias, su reforma fiscal 'a la carta', con grandes discrepancias y algunos puntos en común como la necesidad de mantener o aumentar la recaudación y de luchar contra el fraude. A partir de los enunciados coincidentes, las fórmulas para lograrlo varían radicalmente.

El 14 de marzo la comisión para la reforma fiscal presidida por Manuel Lagares presentó al Gobierno su informe de más de 400 páginas. Desde entonces, numerosos colectivos han presentado su propia reforma, conscientes de que se trata de uno de los pilares básicos sobre los que asentar la todavía insuficiente y débil recuperación económica. Entre las propuestas alternativas y más distantes a la elaborada por la comisión de expertos se encuentran las realizadas por los sindicatos. Bajo la premisa de simplificar los impuestos y aumentar la recaudación las centrales apuestan por una mayor redistribución de las cargas fiscales entre las rentas del trabajo y el capital. «Es necesario que la reforma atienda la paradoja del actual sistema fiscal por la cual, pese a tener en España los tipos fiscales en la media alta de Europa hay una recaudación inferior», asegura Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Política Pública de CC OO. En su opinión, ese desfase se debe al fraude fiscal, la elusión fiscal de las grandes empresas y la crisis del modelo productivo, es decir, el elevado desempleo o la caída del consumo.

Para luchar contra la economía sumergida -que se estima en un 20% el PIB- y lograr que afloren 14.000 millones, el sindicato defiende reforzar la plantilla de la Agencia Tributaria en un 50%. En cuanto a los impuestos, aboga por acabar con la estructura dual del IRPF que tiene como consecuencia que «las rentas del trabajo tributen más que las del capital». Además, defienden acabar con la estimación objetiva y revisar las deducciones y bonificaciones a cambio de unas retribuciones directas. Algo similar proponen para el Impuesto de Sociedades, donde los sindicatos estiman que la eliminación de las deducciones dejarían 7.000 millones de euros para las arcas del Estado.

En el debate de subir o bajar el IVA desde CC OO apuestan por una reclasificación pero a la baja. De hecho, proponen gravar al tipo superreducido (4%) todos los alimentos y al reducido (10%) la energía básica, es decir, la luz y el gas que ahora tributan al 21%. Según Bravo, con esta serie de medidas se lograría un aumento de la recaudación de 30.000 millones «siendo prudentes». Bravo no oculta su «desconfianza» ante la reforma que apruebe el Consejo de Ministros y lanza una advertencia: «El Gobierno vende bajada de impuestos, pero no tiene mucho margen».

Y es que una de las restricciones de la reforma viene impuesta por la delicada situación de la economía española con una deuda pública próxima al 100% del PIB y la estrecha vigilancia de Bruselas para cumplir con el objetivo de déficit. «La reforma debe acabar con el colapso fiscal de las administraciones», explica el presidente del Consejo General de Economistas-Reaf, Valentí Pich, quien recuerda que hace solo unos años la deuda apenas superaba el 30% del PIB. Este experto también considera imprescindible simplificar los impuestos y acabar con el «sudoku» de normas fiscales que complica la actividad económica. Precisamente, la inseguridad jurídica es uno de los aspectos que desde algunos ámbitos creen que deben corregirse. «Hay muchas variables en los incentivos fiscales. Esta desorganización desincentiva a los ciudadanos y a los inversores», destaca Consuelo Delgado, directora del departamento fiscal de Grupo Gispert, abogados y economistas.

Cotizaciones sociales

Uno de los principales caballos de batalla de la patronal tiene que ver con el descenso de las cotizaciones sociales. «Hay un compromiso del Gobierno de rebajarlas», recuerda Pilar González de Frutos, presidenta de la Comisión Fiscal de CEOE y vicepresidenta de la patronal. Esta medida ya está contemplada en el informe Lagares, aunque vinculada a un incremento del IVA. Sin embargo, la también presidenta de Unespa (patronal del seguro) no considera necesario una nueva subida de este tributo y recuerda que este impuesto ya se ha incrementado: «No hay que tocar los impuestos indirectos y sí atender la promesa de las cotizaciones que sigue incumplida».

La CEOE también pide una serie de medidas de carácter no recaudatorio que facilite la actividad del tejido empresarial mediante la simplificación normativa. «Hay gran litigiosidad con Hacienda y en muchas ocasiones se acaba dando la razón al contribuyente», recuerda González de Frutos. Por eso la vicepresidenta de la patronal reclama medidas para agilizar la administración tributaria.

Desde Cepyme piden al Ejecutivo que tenga en cuenta las características de las pequeñas y medianas empresas. Su presidente, Jesús Terciado, confía en una rebaja en Sociedades para las pymes «en consonancia» al anunciado para las grandes. Sin embargo, algunos expertos consideran necesaria una reforma más radical de este gravamen y unificar tipos. «No debe haber diferencia entre pymes y grandes empresas porque genera ineficiencia. Hay que dar un trato homogéneo a las empresas independientemente del tamaño», asegura el director de estudios tributarios de Funcas, José Félix Sanz. Y es que en su opinión, ese trato preferente a las pymes provoca que la media del tamaño de las empresas españolas sea muy pequeño en comparación con otros países europeos, lo que dificulta en exceso su internacionalización.

Pero Sanz también apuesta por una «reestructuración de la forma de gravar la renta» y defiende un IRPF con dos o tres tramos en las rentas del trabajo. También apuesta por volver al tipo personal y familiar genuino, suprimir el sistema de módulos por ser «perverso e injusto» y eliminar las deducciones. Sin embargo, tiene dudas sobre la reforma del Gobierno, ya que en su opinión está muy condicionada por el calendario electoral. «Lo va a plantear buscando el voto», asegura. En unos días se resolverán todas las dudas.