El acuerdo de pesca con Marruecos se eterniza y no hay fecha para su aplicación

El acuerdo pesquero con Marruecos no termina de cuajar. La flota del Golfo de Cádiz sigue sin poder faenar en los caladeros de Larache y Kenitra seis meses después de que se anunciara el convenio. La situación empieza a ser dramática para el sector, que lleva tres años esperando este momento. La competencia del boquerón del Mediterráneo es feroz. Su calidad supera al boquerón del Atlántico y, sobre todo, tiene más salida comercial. Además, no existe cuota para su captura, lo que hunde los precios del boquerón del Golfo de Cádiz en las lonjas. Los pescadores sospechan que el retraso en la firma de la autorización definitiva por parte del Rey Mohamed VI es fruto de una maniobra calculada. La culpa de todo la puede tener el tomate. Europa ha puesto condiciones a la entrada de las frutas y hortalizas de Marruecos al viejo continente y no es descabellado pensar que Marruecos utilice el convenio de pesca como arma de negociación.

La Unión Europea y en particular España han vendido la piel del oso antes de cazarlo. El gobierno comunitario aprobó el pasado diciembre la nueva regulación pesquera con Marruecos tras una larga negociación, que ha implicado una serie de contraprestaciones. El acuerdo permite la vuelta de la flota a los caladeros que gestiona Rabat después de tres años de ausencia. El convenio fue aprobado en febrero por el Parlamento marroquí y elevado en marzo al Rey Mohamed VI para su ratificación. Sin embargo, la entrada en vigor del convenio depende de la firma del monarca alauita, algo que se ha eternizado en el tiempo y que, de momento, nadie sabe cuándo se producirá. Mientras tanto, el Gobierno marroquí ha aprovechado este impás para ajustar algunos flecos del acuerdo y, en cierto modo, barrer para casa. Así, se ha fijado, entre otras cosas, que los barcos que faenen en los caladeros africanos deben aumentar la plantilla de marineros marroquíes pasando de dos a tres.

Negociación paralela

No obstante, los pescadores gaditanos temen que detrás de este retraso en la firma del monarca existan otras razones que llevan a dilatar el asunto. El presidente de los armadores de Barbate, Tomás Pacheco, destacó ayer a LA VOZ que Marruecos, aunque lo niega su gobierno, «ha abierto una negociación paralela relacionada con el mercado de las hortalizas a costa del acuerdo pesquero».

Europa ha limitado el acceso de tomates marroquíes. La nueva normativa comunitaria, que obligará al tomate marroquí a ceñirse al contingente a precio preferencial o a precios regulados por la Organización Mundial del Comercio, se ha establecido precisamente para tratar de imponer criterios más claros en la exportación.

Sin embargo, y según los cálculos del gobierno marroquí, publicados en medios del país, la entrada en vigor de las nuevas medidas agrícolas europeas (que no será hasta octubre) supondrán la desaparición de 30.000 empleos y una pérdida de 130.000 toneladas que no podrán ser exportadas, cifra que el sector aumenta hasta las 150.000 toneladas.

Este revés agrícola puede dar al traste de nuevo con un convenio de pesca que beneficia a Europa. No hay que olvidar tampoco que el gobierno comunitario ha tenido que ceder su parte y poner también una serie de condiciones. Durante los dos últimos años, la comisaria de Pesca, María Damanaki, ha tenido que renegociar un convenio que resolviera las «dudas» de los eurodiputados en relación al texto anterior sobre la rentabilidad económica y los sostenibilidad pesquera.

El Sahara como telón de fondo

Sin embargo, uno de los puntos donde Europa se ha mostrado inflexible es el relacionado con el cumplimiento de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental. Precisamente este punto impidió el acuerdo en 2011 y ahora se ha logrado tender un puente entre Bruselas y Rabat. Así, la Unión Europea exigirá a Marruecos pruebas periódicas de que la población saharaui también se beneficia de este convenio.

El acuerdo supone un incremento del 33% de las posibilidades de pesca para la flota comunitaria con respecto al régimen anterior, pero nos obliga a una contrapartida financiera de 40 millones anuales durante los próximos cuatro años. No hay que olvidar que el acuerdo permite la pesca en la zona a once estados miembros. El acuerdo concede 126 licencias de pesca, de las que un centenar son para embarcaciones españolas, sobre todo de Andalucía y Canarias, y beneficia a cerca de 1.500 tripulantes, de los que medio millar serán de Marruecos. La provincia de Cádiz se reparte 44 permisos entre Barbate, Algeciras, Conil, Cádiz y Tarifa, lo que supone 400 empleos directos y otros tantos indirectos.

El nuevo acuerdo se salvó el pasado diciembre con 310 votos a favor, 204 en contra y 49 abstenciones.

Sin embargo, la firma de Mohamed VI se resiste. No llega el momento de ver la rúbrica del monarca en el texto y, desde luego, nadie se atreve a poner la fecha en el calendario. El sector pesquero gaditano reconoce que la situación es insostenible, «no podemos competir con el Mediterráneo y nuestra única salida es la apertura de los caladeros marroquíes para ganar en producción, distribución y calidad». Esto permitiría aumentar el precio. El responsable de la cofradía de pescadores de Barbate, Alfonso Reyes, mostró su satisfacción en febrero cuando el Parlamento marroquí dio luz verde al acuerdo. Explicó entonces que el sector había malvivido en los tres últimos años pescando en el Golfo de Cádiz lo que ha podido y con muchas limitaciones. Estas condiciones han llevado a salarios muy bajos, entre los 600 y los 800 euros, «porque no había maniobra de ganancia con cajas de nueve kilos de boquerón a solo tres euros».

La situación, pese a todo, sigue ahora igual que hace tres años y sin expectativas de mejora.