Las proclamas de Ojeda Avilés por internet

Uno de los cinco grandes y presuntos 'conseguidores', el que origina toda la investigación, es Ángel Ojeda Avilés (Jerez de la Frontera, 1949). Aparece en el centro del caso. Su cuñada dirigía el departamento de Formación de la Junta que aprobó la célebre normativa hasta el año pasado, cuando fue cesada y sus competencias en un centenar de expedientes asumidas por Empleo. Este exconsejero de la Junta de Andalucía, con presuntos conexiones activas en la Administración autonómica habría sido de las personas con información suficiente sobre las zonas oscuras -demasiadas para los técnicos, inexplicables en número y tamaño- de la orden que regulaba estas ayudas.

Ojeda Avilés, afincado en Sevilla desde la infancia, ha tenido en la provincia de Cádiz uno de sus principales escenarios con intervenciones en cursos tan recordadas como los recibidos por los exDelphi. Sería el principal de los cinco 'especialistas' en conseguir estas subvenciones que centran la investigación, los grandes receptores de las ayudas del programa 32d, bien de forma legítima, bien sin justificación anterior o posterior y con incumplimientos flagrantes. Eso es lo que trata de establecer la investigación dirigida desde Málaga por Anticorrupción y la UDEF.

Este antiguo responsable de la Administración autonómica, que se declara ahora prejubilado pese a haber logrado, al menos, subvenciones y ayudas por 50 millones de euros a través de este programa y de otros anteriores, tiene en su web personal documentos en los que clama contra el paro pese a que la contratación de desempleados era uno de los objetivos del programa los presuntos 'conseguidores' habrían aprovechado para quedarse con parte de los fondos. «El paro es el principal y más grave problema que tenemos en España, que no se solucionará mientras no se cree empleo. Nada fácil, ya que todos los expertos coinciden en que sin crecimiento económico no se crearán puestos de trabajo. De esta forma, España no creará empleo mientras su Producto Interior Bruto no crezca a una determinada tasa que algunos analistas cifran en el 2,5%. También, todos los expertos coinciden que España no crecerá a ese ritmo en muchos años, por lo tanto, la única manera de crear empleo es repartir el que ahora existe».

Pese a estar en el centro de la investigación y de otras previas, similares, como admiten desde la coordinación en Málaga, Ojeda lanza en esa misma página proclamas contra la economía sumergida y el fraude fiscal, y pide mano dura: «Actualmente se considera que la economía sumergida en España se eleva a un 22.5% del PIB. La cantidad defraudada podría ascender a 80.000 millones de euros. Si consideramos que otros países (USA, Alemania, Suecia, Reino Unido...) la economía sumergida está en torno al 12%, nos daremos cuenta que los que pagan sus impuestos en España están pagando más de lo que les correspondería si todos pagaran y más que el resto de países aludidos. En España, a diferencia de otros países, no está tan mal visto defraudar a Hacienda, y no tenemos en cuenta que sus consecuencias son profundamente nefastas para los contribuyentes a este Estado del Bienestar que nos empeñamos en defender. Pues bien, para ello, la economía sumergida tiene que aflorar sí o sí».