La Junta deberá pagar sueldo y fijar vacante a Guerrero, aunque no trabaje

Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo considerado uno de los principales responsables del fraude de los ERE, cobrará una parte de su sueldo y los atrasos desde que debió serle adjudicado empleo, en enero de 2012. Además, la Junta deberá asignarle una vacante, aunque luego decida suspenderle. Así lo ha dictaminado la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una sentencia que acepta en parte el recurso presentado por Guerrero.

La sentencia indica que el funcionario en suspensión de funciones tiene derecho a percibir el 75% de su sueldo, trienios y pagas extras, así como la totalidad de la ayuda familiar.

La sorpresa en medios políticos fue notable ayer, tras conocerse el auto, avanzado por los periódicos 'El Mundo' y 'La Razón'. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se limitó a decir que los servicios jurídicos de la Junta estudiarán la sentencia. Mientras el vicepresidente Valderas decía no compartir el dictamen del TSJA aunque decía que «no hay más remedio que obedecer a la Justicia», el PSOE-A se explayaba, por boca de Mario Jiménez, para quien es «una tomadura de pelo» que Guerrero pueda volver a un puesto público y «una paradoja» que lo haga después de haber «confesado públicamente» que ha tomado decisiones en contra del interés general y la buena administración de recursos públicos.

La sentencia del TSJA estima parcialmente el recurso interpuesto por el abogado de Guerrero contra la resolución de 12 de enero de 2012 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la consejería de Hacienda, por la que se acordó concederle el reingreso en el cuerpo de auxiliares administrativos aunque lo declaraba en suspensión provisional de funciones y no le asignaba un puesto de trabajo por su imputación en el caso ERE.

Así, el TSJA confirma la parte relativa a la suspensión de funciones y considera «plenamente justificado» que, «siendo la Administración perjudicada la Junta de Andalucía, la misma a la que quiere reincorporarse el recurrente, se impida la efectiva prestación de funciones por la persona a la que se imputa delitos de la importancia de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias».

Sin embargo, la sala cree que al acceder la Junta al reingreso «ineludiblemente tenía que seguirse sin solución de continuidad la adscripción de una vacante y la toma de posesión», y esto «por supuesto con todos los derechos económicos inherentes a esta situación». A juicio del TSJA, la resolución dictada por la Junta «incurre en anulabilidad» por acordar el reingreso al servicio activo sin reconocer los derechos económicos de Guerrero y sin adjudicar vacante. No obstante, el TSJA rechaza valorar que se quiebre el principio de igualdad al haber sido incorporados a sus puestos otros implicados, porque considera que excede su función revisora.

La sentencia recuerda que la Junta podía haber desestimado la petición de reingreso, que Guerrero pidió el 17 de octubre de 2011, pero lo decidió tras un informe sobre su situación procesal de noviembre de 2011, por resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de 12 de enero de 2012 «al no existir ninguna medida cautelar que lo impidiese» aunque lo suspendía provisionalmente de funciones y acordaba demorar la asignación de un puesto de trabajo y su toma de posesión en tanto se mantuviera dicha suspensión.

Nuevas fianzas

Por otra parte, la jueza Alaya fijó ayer una fianza de responsabilidad civil de 3.323.672,49 euros al exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas.

También lo hizo, en otro auto, para tres exsecretarios generales técnicos de Empleo, Juan Francisco Sánchez, a quien impone una fianza civil de 33,9 millones; Javier Aguado, 5 millones y Lourdes Medina, 1 millón, según recoge Europa Press.