Industria calcula que las eléctricas devolverán 300 millones a los usuarios

Las comercializadoras de electricidad (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Eon y Edp) deberán devolver a los consumidores acogidos a la tarifa eléctrica unos 300 millones de euros. Se trata, según cálculos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de la diferencia entre el precio de la electricidad cobrado en el primer trimestre del año (48,48 euros por megavatio a la hora) y el que marcará de promedio el mercado mayorista o 'pool' (26 euros). Teniendo en cuenta que en la actualidad hay 17 millones de usuarios bajo el paraguas del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), da una media de 17,6 euros. La OCU había estimado que esta cifra podría llegar hasta los 40 euros.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, aclaró ayer que la devolución «dependerá del perfil del consumo de cada uno». ¿Y cuándo se realizará? «Eso depende de cada compañía», matizó, aunque en todo caso será «antes del 30 de agosto». Son algunas de los muchas novedades que trae el nuevo mecanismo de fijación de precios de la electricidad, al que el Gobierno ha dado de forma oficial luz verde, y que entrará en vigor el próximo martes.

Un sistema que sustituye a las subastas trimestrales Cesur, y que referencia la tarifa al precio del mercado de electricidad. El nuevo escenario plantea hasta cuatro modalidades de recibo. Primero, para los consumidores que no disponen de contador digital conectado y operativo para transmitir datos (es decir, la mayoría). A ellos se les aplicará el precio del mercado diario fijado cada hora, en función de unos perfiles de consumo elaborados por Red Eléctrica. Y siempre en base a las lecturas reales del contador, que se realizarán cada dos meses.

A los que sí disponen de equipos de medida digitales la facturación se llevará a cabo a partir de las medidas horarias reales. Red Eléctrica publicará el precio promedio que se aplicará a la factura de cada consumidor en función de su periodo de facturación. Adicionalmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispondrá de un simulador en el que se obtendrá el precio final a pagar por el consumidor una vez introducidos el día inicial y final del periodo de facturación, el consumo y la potencia contratada.

Además, las comercializadoras deberán ofrecer un precio fijo anual de la energía -no confundir con una tarifa plana- para aquellos consumidores que así lo deseen. Las ofertas estándar serán comunicadas a la CNMC y publicadas en su web «para que sean sencillamente comparables». Las primeras podrán consultarse a partir del 15 de abril. Por último, los clientes tienen la opción de pactar de forma bilateral un precio con la comercializadora correspondiente. Es decir, salirse de la tarifa y acudir al mercado libre.

El real decreto que valida el nuevo mecanismo otorga a las empresas un periodo de adaptación de tres meses (abril, mayo y junio). Durante ese periodo, si tuvieran que emitir alguna factura, y no tuvieran listo el nuevo sistema -que será lo más probable- aplicarán el precio fijado para el primer trimestre (los 48,48 euros Mw/h). En la primera factura emitida con el nuevo sistema, se regularizará a cada consumidor la diferencia entre esos 48,48 euros y el precio medio del 'pool'.

Soria destacó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el mecanismo ideado por Industria supondrá «un ahorro claro para los consumidores», en tanto elimina los costes de cobertura implícitos en las ya extintas subastas Cesur, y que cuantificó en más de 1.600 millones desde el año 2009.

Críticas de los consumidores

Este método de cálculo, que sólo afecta a la parte del recibo vinculada al consumo de energía -no a los peajes de acceso-, ha despertado el recelo de las compañías eléctricas, fundamentalmente por la complejidad de su aplicación y porque se sienten ninguneadas por Industria.

Además, ha puesto en pie de guerra a las asociaciones de consumidores, que se hacen eco de la cada vez mayor sensibilización de la sociedad respecto a este asunto. Facua-Consumidores en Acción considera que el nuevo mecanismo supone «la mayor aberración que se ha cometido nunca en un sistema de tarifas de suministro». Ceacu argumenta que «imposibilitará la comparación de precios y generará discriminación entre los usuarios».