Gobierno y Junta sellan la paz para hacer posible la reapertura de Aznalcóllar

Las expectativas de que la fiebre por el cobre alivie un poco el gran paro en Andalucía (36% de su población) ha hecho posible que el Gobierno de Rajoy y la Junta andaluza aparquen por un momento sus diferencias y sellen la paz en el extraño pleito sobre la mina de Aznalcóllar. Todos ceden. El Gobierno retira el recurso interpuesto al Tribunal Constitucional contra el decreto de reapertura por invasión de competencias y la Junta renunciará a pelear por estas en lo referente a la concesión minera.

Será la primera vez que el Gobierno de Rajoy retire un recurso de inconstitucionalidad contra la Junta. Ambas administraciones llevan cruzados 18 litigios (10 la Junta y ocho el Gobierno) con este desde la llegada del PP a la Moncloa en 2011. Lo que ha hecho que de una forma tan rápida el Gobierno dé marcha atrás a un recurso y la Junta renuncie a pleitear por lo que cree sus competencias es una cifra: los 1.300 empleos que prevén crearse en una comarca estigmatizada si se reabre la corta minera, cuya explotación de cobre y cinc se proyecta para al menos 12 años.

La mina de Aznalcóllar se hizo famosa porque en 1998 una de sus balsas sufrió una rotura ocasionando el mayor desastre ecológico de Andalucía. La explotación minera cerró dejando en un futuro incierto a decenas de familias. Hasta que la cotización al alza del cobre hizo que desde 2008 varias compañías internacionales se interesaran por la faja pirítica de Huelva y comenzaran a reabrir varias de sus minas.

El pasado año, la Junta de Andalucía decidió darle una segunda oportunidad a Aznalcóllar, pero para que no volviera a caer en manos de Boliden y se garantizaran todas las medidas medioambientales, asumió el proceso de concesión con un decreto y un concurso internacional, aprobado por el Parlamento andaluz el pasado enero con el respaldo de todos los partidos (PP, PSOE e IU).

El pasado viernes saltó la sorpresa cuando el Consejo de Ministros aprobó sin avisar (ni a la Junta ni a la delegada del Gobierno) un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto andaluz que pedía la paralización del concurso a alegando invasión de competencias. El Gobierno defiende que el Estado y no la Junta es el competente para la declaración minera de una zona, según la ley de minas de 1973 no reformada tras el estado autonómico. La Junta discrepa porque se trata de la reapertura de una mina ya existente.

Ante el clamor y movilizaciones contra la medida por parte de empresarios, sindicatos y alcaldes de la comarca afectada, el Gobierno se apresura a aclarar que no va contra la apertura de la mina y que el recurso solo busca garantizar que en el futuro no se malogre el proyecto por la posible litigiosidad presentada por empresas que aspiraban a la concesión antes de que la Junta asumiera la explotación.

Sobre este aspecto, sin embargo, no hablaron ayer los representantes de la Junta y el Gobierno que pactaron la retirada del recurso al Constitucional y proseguir el concurso internacional para que en 2015 pueda abrirse la mina.

Una hora de negociación

El acuerdo se concretó en apenas una hora tras la reunión en Madrid entre el viceconsejero de Economía, Luis Nieto, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. «El tema competencial queda solventado, no habrá causa», enfatizó Beteta. La Junta pedirá al Gobierno la declaración de los derechos mineros de la zona, que el Consejo de Ministros de este viernes aprobará, y seguirá «liderando» el concurso internacional.

En el desenlace de este conflicto ha habido presiones e intervenciones de todos los colores. Todos se arrogaban ayer el éxito. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien terció en persona en este asunto ante el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recordó que dio la orden de ceder para que un conflicto competencial no bloqueara el empleo de 1.300 personas. La secretaria general del PP-A, Loles López Gabarro, atribuyó al presidente regional de este partido, Juanma Moreno, gestiones «para allanar el camino» ante varios ministerios y la vicepresidencia del Gobierno.