La ley de Memoria Democrática amplía el concepto de víctima

SEVILLA. La Ley de Memoria Democrática, uno de los compromisos del acuerdo de Gobierno entre PSOE e IU, irá al Consejo de Gobierno de este martes, después de una larga y compleja tramitación y, aunque quedaban pendientes unos ajustes técnicos menores, se prevé que salga aprobada. Se trata de una norma controvertida, que busca «verdad, justicia y reparación» para con las víctimas del franquismo, en unos momentos en que han decaído las iniciativas en este sentido llevadas a cabo por la Administración central, al tiempo que se ha intensificado la presión de la ONU, tanto a través de su Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas, como de su Relator General, que han instado a España a que se aclaren las circunstancias de la represión ejercida sobre la población durante la guerra civil y la postguerra.

La nueva norma amplía el concepto de víctima a los familiares de quienes sufrieron directamente la violencia, a las personas a su cargo en aquellos momentos, pero también a quienes prestaron algún tipo de asistencia a los represaliados y a colectivos maltratados por la barbarie.

Asimismo, se van a adoptar medidas legales para conseguir inscribir en los registros civiles como fallecidos a todos aquellos desaparecidos en fosas comunes o zanjas de carretera, que aún no han podido ser así certificados. El Gobierno andaluz instará al Gobierno central a la nulidad de las sentencias de aquellas personas condenadas por causa de su ideología.

Asimismo, la ley contempla una regulación de los fondos documentales vinculados con la guerra civil, a fin de protegerlos, recopilando y ordenando los archivos públicos y privados relacionados con la Memoria Democrática.

El articulado da mucha relevancia a los movimientos asociativos en torno a la Memoria, con la creación de un registro de entidades y de un Consejo de la Memoria Democrática de Andalucía, un órgano de participación de todos quienes trabajen en esta área.

Prohibición de símbolos

También se incorporarán medidas de reconocimiento y reparación a las víctimas y se establecerá la prohibición de exhibición pública de símbolos o de actos que vayan en contra de esta ley. Se contemplará en este sentido un régimen sancionador, con diversas gradaciones de gravedad y multas que pueden ir de 200 a cien mil euros. Una comisión técnica evaluará estas infracciones.

Un Plan andaluz de Memoria Democrática se desarrollará durante cuatro años, con la creación de un Instituto de Memoria Democrática que será el encargado de cumplir los compromisos de estudio e investigación.

Se extenderá a diferentes niveles educativos el conocimiento de la verdad sobre la tragedia de la guerra, con la inclusión de asignaturas en cursos de secundaria, bachillerato, FP y ciertos estudios universitarios relacionados con la materia.

La Ley, elaborada por la Vicepresidencia y Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que encabeza Diego Valderas, ha sido objeto de estudio desde hace meses en el 'consejillo', por afectar a varias consejerías, entre ellas y en especial la de Justicia, que han realizado sus aportaciones.

Asimismo, se ha debatido en comisión de enlace entre PSOE e IU. Fuentes de la misma indicaron que no ha habido grandes diferencias que salvar . Las principales dificultades se han centrado en el preámbulo, en especial en la definición del espíritu de la ley y del objetivo de establecer un relato de lo ocurrido en Andalucía desde la guerra civil hasta la autonomía. Un relato, según estas fuentes, que no busca venganza ni revancha, sino reparación y consuelo para muchas familias que aún no saben que fue de los suyos, desaparecidos hace más de 70 años.

La ley sale, pues, lista para el trámite parlamentario, donde se podrían incorporar algunas modificaciones menores, porque los negociadores afirman que han logrado alcanzar un amplio consenso.