Sarkozy lleva un año con los teléfonos pinchados por los jueces

Los teléfonos móviles de Nicolas Sarkozy están sometidos a escuchas por orden judicial desde hace un año. Es la primera vez en Francia que un exjefe del Estado es objeto de pinchazos telefónicos. El caso, además de no tener precedentes, reúne todos los ingredientes de un escándalo en toda regla. Dos exministros del Interior conservadores, Claude Guéant y Brice Hortefeux, con las comunicaciones interceptadas; registros en el Tribunal Supremo y en el despacho del abogado de Sarkozy, también con el teléfono pinchado; un fiscal general del Supremo escuchado, registrado y sospechoso de tráfico de influencias...

El nuevo frente judicial que amenaza el regreso de Sarkozy a la política activa fue abierto en abril de 2013 por los dos jueces que investigan las sospechas de financiación de su campaña presidencial en 2007 por el difunto líder libio Muamar Gadafi. Los instructores ordenaron pinchar los teléfonos de Sarkozy, miembro de pleno derecho del Tribunal Constitucional, y de sus dos ministros del Interior citados.

El mes pasado los jueces fueron informados de grabaciones de conversaciones de Sarkozy con su abogado Thierry Herzog y de éste con el fiscal general Gilbert Azibert, de sensibilidad conservadora. El contenido giraba en torno a la decisión que ha de tomar el Supremo el próximo martes sobre la demanda de nulidad de la confiscación de las agendas de Sarkozy en el marco del 'caso Bettencourt', donde el expresidente francés ya ha sido exculpado de prevalerse de la demencia senil de la anciana multimillonaria.

Según filtraciones periodísticas, Azibert comentó a Thierry Herzog el clima que se respiraba en el Supremo sobre el caso de las agendas y el abogado le dijo a Nicolas Sarkozy que al fiscal le gustaría acabar su carrera cercana a la jubilación con un puesto en el Supremo de Mónaco. Con estas premisas la Fiscalía anticorrupción, recién creada por el Gobierno socialista, abrió el 26 de febrero un sumario por violación del secreto de la instrucción y tráfico de influencias confiado a dos juezas que el martes último lanzaron registros en los despachos profesionales de Herzog y Gilbert Azibert así como en sus domicilios.

«Escándalo de Estado»

«Constato que se ha montado un caso artificialmente», declaraba ayer en el diario Le Monde Herzog, que denuncia un «escándalo de Estado» y una «violación monumental del derecho de la defensa». El abogado cree que el expresidente francés «permanece probablemente bajo escuchas telefónicas» y argumenta que el fiscal Azibert -un amigo al que conoce desde hace 25 años- es miembro de una sala civil y no de la criminal que debe fallar el litigio de las agendas. «Demostraré en su momento que se trata de un asunto político», promete.

Las autoridades monegascas informaron de que la candidatura de Azibert al Supremo del Principado no había sido retenida y que ninguna intervención exterior había interferido en el procedimiento. Hasta la fecha nadie ha sido imputado ni siquiera detenido o interrogado en este primer caso sensible promovido por la nueva fiscal francesa para asuntos financieros nombrada por la ministra de Justicia, la izquierdista Christiane Taubira, en plena precampaña electoral para las municipales del 23 y 30 de marzo.