Investigan a un exjefe del Ayuntamiento de Cádiz por dar obras a empresas amigas

El juzgado de Instrucción nº 2 de Cádiz investiga, a instancias de la Fiscalía de Cádiz, posibles adjudicaciones irregulares de obras municipales en Cádiz. Las diligencias, en fase de instrucción, se incoaron el verano pasado a raíz de la denuncia presentada por un empleado de Imesapi; una empresa que ha llegado a abarcar la explotación de varios servicios municipales como el mantenimiento del alumbrado público y la limpieza de playas. El denunciante acusa a un exresponsable del Consistorio de amañar los concursos públicos con el fin de conceder las licitaciones a empresas amigas. Este extécnico del Consistorio fue hasta hace escasos meses el director de tráfico, alumbrado público y protección civil; un departamento que depende de la concejalía de José Blas Fernández, primer teniente de alcaldesa. Germán Molina se jubiló el año pasado coincidiendo prácticamente en el tiempo con el inicio de una investigación penal que tiene como principal prueba el contenido de unas conversaciones telefónicas grabadas.

Este periódico ha tenido acceso a varios documentos judiciales como el auto del juez de Instrucción nº 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, que en agosto ordenaba la apertura de un procedimiento y la citación en calidad de imputados de cuatro personas, atendiendo así a la petición que había formulado el Ministerio Fiscal en ese sentido. Además de Germán Molina, el juez cita también a la persona que ha denunciado el supuesto tráfico de influencias para conceder obras a dedo y a los gerentes de dos de las empresas señaladas Etralux y Cytel.

Para llegar a la génesis de este asunto hay que mirar hacia atrás cinco años y detenerse en la polémica adjudicación del mantenimiento del alumbrado público. En octubre de 2008, el Ayuntamiento sacaba a concurso este contrato, concedido finalmente a la UTE Monelec-Electromur, pertenecientes al grupo ETRA, una filial de ACS al igual que Etralux. PSOE e IU denunciaron irregularidades en ese proceso como la filtración del pliego del concurso antes de que fuera publicado por los cauces legales; o que se hubiera alterado el sistema de baremación de las ofertas sin justificación. El portavoz de IU, Sebastián Terrada, planteó incluso un recurso especial contra la adjudicación que no prosperó.

El técnico que firmó el informe que desestimaba los argumentos de Terrada y sobre el que se basó el Ayuntamiento para seguir hacia delante con la adjudicación a Monelec-Electromur fue el propio Germán Molina.

Un servicio con protestas

Esta polémica, por tanto, no tuvo repercusiones para el adjudicatario que mantuvo el contrato hasta finales del año pasado, cuando pasó a manos de FCC. Tan sólo meses antes de este cambio de adjudicatario, en mayo, los empleados de la UTE convocaban una huelga en protesta por el nuevo pliego de condiciones que suponía la disminución de los puestos de trabajo. No fue la única protesta laboral que ponía en tela de juicio la gestión del servicio por parte de esta empresa; la plantilla en varias ocasiones habían denunciado la falta de medios para el desempeño de sus puestos de trabajo.

Revelación de secretos

La adjudicación definitiva en 2009 no cerró por completo la polémica sobre la filtración del pliego de condiciones que pudo favorecer a Monelec. Germán Molina, responsable de la redacción de las bases del concurso bajo sospecha, respondía con una denuncia por revelación de secretos y amenazas. Sostenía que había recibido documentación confidencial sobre la licitación en su casa, además de llamadas telefónicas en tono amenazante desde móviles de prepago cuyo rastreo fue imposible. Con ese movimiento, los denunciantes acabaron como denunciados y así fueron imputados Sebastián Terrada y empleados y familiares de Imesapi, concesionaria del servicio antes de que fuera adjudicada a la UTE.

Esto propició que uno de estos sospechosos, que fue apoderado de Imesapi, acudiera a la Fiscalía con una denuncia contra Germán Molina por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. Este escrito, al que ha tenido acceso LA VOZ, sí iba acompañado de material probatorio contundente: conversaciones grabadas entre el denunciante y Germán Molina en donde se recogen cómo el extécnico municipal manipulaba presuntamente a su antojo los concursos para encargar obras a determinadas empresas, saltándose los criterios objetivos que deben velar en las contrataciones públicas. Una de esas conversaciones hace referencia al concurso del alumbrado público de 2009 y cómo se modificó el sistema de baremación para favorecer a la adjudicataria final. En otra aparece el denunciante pactando con el responsable de Etralux cuáles serían sus pujas en esa licitación cuando debían partir como rivales que se enfrentaban por hacerse con un contrato público.

Sobreseimiento para Terrada

El pasado mes de agosto, el magistrado López Marchena daba carpetazo a la denuncia de Germán Molina y ordenaba su archivo. La Fiscalía lo había solicitado ante la falta de pruebas que acreditaran las acusaciones formuladas por el extécnico municipal contra el portavoz de IU y el resto de imputados. En el mismo auto en el que se acordaba el sobreseimiento de las actuaciones, el magistrado comunicaba que había procedido a incoar un nuevo procedimiento basado en la denuncia planteada por el apoderado de Imesapi y que hacía más de un año había recibido la Fiscalía. Como denunciante no se ha librado de la imputación judicial ya que en las conversaciones que hizo llegar al fiscal aparece como interlocutor del extécnico, que colabora y no le impone impedimentos a sus órdenes. Así se extrae de las transcripciones de esos archivos sonoros, algunos de los cuales también están en poder de este periódico.

¿Por qué lo grabó? Ésa es una de las primeras preguntas que asaltan al conocer el contenido de este asunto. Fuentes del caso explicaron a este medio que las presuntas artimañas del exdirector del alumbrado público eran continuas y hacía partícipe de ellas a los responsables de Imesapi que trabajaban codo con codo con él. Las grabaciones pretendían ser, según esa versión, un banco de pruebas que demostrara, en caso de problemas legales, de quién partía las órdenes. Aseguran que además de grabaciones se certificaron peticiones por escrito para que quedara constancia de quién tomaba las decisiones.

En el otro extremo de esta historia, otras fuentes aseguran que detrás de esta denuncia sólo hay un deseo de venganza por parte de unos trabajadores contra el extécnico municipal.

Facturas falsas

La denuncia que plantea el que fuera apoderado de Imesapi no sólo acusa a Molina de amañar concursos, también describe otras operaciones presuntamente ilegales como la utilización de facturas falsas para compensar las pérdidas económicas que habría sufrido «una empresa amiga» en la ejecución de unos trabajos que previamente le habría adjudicado a dedo el exdirector del área de Patrimonio.

Así explica que la empresa Cytel a la que se le encomendó unos trabajos en la Avenida del Perú presentó una facturación falsa, con «mediciones inventadas» de la obra ejecutada, que cargó a la concesionaria del mantenimiento del alumbrado público en ese momento. Aunque la pagó Imesapi, ese gasto acabó repercutiendo en el presupuesto del área municipal que dirigía Germán Molina y, por tanto, en las arcas públicas. Esa acusación ha llevado a la imputación del responsable de esa empresa.