COMPETENCIA EN LOS IMPUESTOS

El proceso de consolidación política de las autonomías ha incluido un importante capítulo fiscal. Las comunidades han ido recibiendo una parte creciente del 'botín' de los ingresos públicos y, lo que es más relevante, una cierta capacidad de modificación de los tipos, lo que les permite acomodarlos a sus necesidades presupuestarias y, también, a sus ideologías respectivas. La capacidad normativa real se reserva para las comunidades forales, País Vasco y Navarra, que tienen lo que siempre han tenido, algunas incluso durante el franquismo, es decir corresponsabilidad fiscal y posibilidad de gestionar la mayoría de sus figuras impositivas, con la excepción de aquellas que afectan al tráfico mercantil dentro de la unidad de mercado español.

Como es natural, a lo largo del tiempo esa capacidad de incidir sobre la imposición conduce inevitablemente a la diferencia en la presión fiscal ejercida sobre empresas y, quizá más, sobre las personas físicas. Ahora bien ¿es una situación indeseable o es bueno introducir competencia entre sistemas fiscales algo diferentes, pero que juegan todos ellos dentro de un mismo mercado? ¿Produce desajustes mercantiles? Algunos sí, claro, y son frecuentes las disputas entre comunidades limítrofes por inversiones industriales supuestamente desviadas de una a otra, al haber sido empujadas por las ventajas fiscales relativas.

¿Provoca también agravios personales? Pues resulta evidente que los tratamientos distintos de las rentas y de los patrimonios han alcanzado un nivel de divergencia que es motivo de reflexión personal, cuando no de decisión de traslado del domicilio de contribuyentes con estatus económicos elevados. Ahí está el caso de la comunidad de Madrid, que se opone a reponer el impuesto sobre el Patrimonio, ejerciendo así una 'atracción fatal' sobre los grandes patrimonios que están castigados sin piedad en otras latitudes. Por ejemplo, el cruce entre los impuestos de renta y patrimonio alcanza al 65% de los ingresos en el País Vasco, mientras que al no existir el segundo, en Madrid la tributación se limita al IRPF.

El resto de comunidades -incluidas las gobernadas por el PP- y el Ministerio de Hacienda claman contra esta diferencia y presionan sobre Madrid para que se homologue con ellas. Pero, ahora que están tan de moda los ámbitos de decisión, Madrid tiene el suyo y es natural que lo ejerza, porque para eso se lo han concedido. Su presidente, Ignacio González, acostumbra a decir con sorna y en su defensa que es el único que cumple el programa electoral del PP, donde figuraba un descenso importante de la presión impositiva. Una bajada que el tiempo y las adversas circunstancias han transformado en una subida, superior incluso a la planteada por Izquierda Unida. Sin duda, una buena muestra de la diferencia que existe entre la labor sacerdotal de predicar y la dura tarea del agricultor de proporcionar el trigo de nuestro sustento material. Pero, si la divergencia es mala, ¿por qué no se homologan ellos bajando los impuestos? Una pregunta capciosa donde las haya...

Vistas desde los gobiernos regionales, estas diferencias les obligan a estar más atentos a los movimientos del entorno y, al mismo tiempo, a pensar dos veces sus decisiones fiscales. Pero si miramos la situación desde la perspectiva del contribuyente, la cosa es más compleja. Por un lado, algunos se benefician de tratamientos más favorables, aunque otros se ven sometidos a desigualdades difíciles de justificar, mientras los traslados de domicilio en algunas regiones están sometidos a reglas tan severas, casi soviéticas, que en muchas ocasiones los convierten en imposibles. Lo peor de todo es la inseguridad jurídica que provocan, pues los cambios políticos de los distintos gobiernos y las variaciones del humor fiscal que producen convierten las decisiones personales en una especie de ruleta rusa fiscal imposible de gestionar. Una lástima, pues una política fiscal justa es también previsible. Un bien que precisamente no disfrutamos en la España de hoy.