Tensión añadida con el caso de las facturas falsas

También puede suceder que Alaya decida proseguir las diligencias sin causas separadas, lo que dilataría cualquier remisión del caso al Supremo. Con 133 imputados hasta ahora, aún le restan numerosas tomas de declaraciones y conocerse el resultado de la investigación de la Guardia Civil sobre las ayudas a la sierra norte de Sevilla, en la que lleva dos años.

Pero la tensión que Alaya proporciona a la Junta andaluza no está solo en los ERE. La reciente investigación abierta a las facturas presuntamente falsas cobradas por la UGT a la Junta no ha hecho más que empezar. También aquí Susana Díaz ha querido adelantarse con una investigación interna en la administración andaluza, que ya ha puesto dudas sobre 1,8 millones cobrados por UGT. La investigación recuerda a lo que hizo también el Gobierno de Griñán al conocerse los intrusos en los ERE.

En estos tres años el caso de los ERE ha contado con dos macroperaciones policiales en 2013, Heracles I y II; y con sonados ingresos en prisión como la del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero hasta en dos ocasiones, la primera en víspera de las elecciones autonómicas en marzo de 2012, y el del exconsejero de Empleo Antonio Fernández un mes después. En la actualidad solo hay dos presos preventivos a los que Alaya ha rebajado la fianza: los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué.