Hacienda 'perdona' a las empresas 340 millones en el impuesto al gas fluorado

El Ministerio de Hacienda ha rebajado las expectativas de recaudación del impuesto que gravará a partir de 2014 el uso de gases fluorados, la medida estrella de su paquete de novedades en materia de fiscalidad medioambiental. Presionado por las grandes empresas de distribución, principales consumidoras de esos gases necesarios para el funcionamiento de los sistemas de frío, el departamento que dirige Cristóbal Montoro introdujo a última hora en la Ley de Medidas Medioambientales (publicada en el BOE el 30 de octubre) una enmienda que instaura una aplicación progresiva del tributo los dos próximos años y retrasa a 2016 el cobro del 100% de la tarifa. El fisco dejará así de ingresar unos 340 millones de euros en los dos próximos años.

La cantidad a 'perdonar' a las empresas en 2014 y 2015 supone la mitad de los recursos que el Estado preveía recaudar por ese impuesto. Según Hacienda, su estimación inicial de ingresos eran 340 millones al año, cálculo que no se cumplirá a la vista de las modificiaciones acordadas: un régimen transitorio para la aplicación gradual del impuesto, de forma que en 2014 sólo se abonará el 33% (un tercio) de la tarifa establecida con carácter general y en 2015 el 66% (dos terceras partes). En resumen, en dos años el Estado ingresará el dinero correspondiente a uno.

Los gases fluorados son un producto muy contaminante que se utiliza de forma habitual desde mediados de la década pasada en sectores como la refrigeración, los disolventes y extintores de incendios. Se trata de agentes mucho más dañinos para el medio ambiente que el CO2 y que están regulados por el Protocolo de Kioto sobre gases de efecto invernadero, que fija objetivos de emisión para los países desarrollados. Según el director general de tributos, Diego Martín-Abril, esas emisiones cuestan al Estado «cientos de millones». De ahí que el principio «quien contamina paga» haya sido, según asegura, la filosofía inspiradora de esta medida.

La aplicación más extendida de los gases fluorados es el funcionamiento de las cámaras frigoríficas de los supermercados y del resto de industrias de la cadena agroalimentaria: Empresas cárnicas, conserveras, hortofrutícolas, bodegas... necesitan consumirlos para mantener en buen estado los productos que comercializan. De ahí que los empresarios del sector se llevaran las manos a la cabeza el día que Montoro anunció el impuesto. Según Ignacio García Magarzo, director general de la patronal Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), «para el conjunto de la distribución alimentaria supone más de 200 millones» en su formulación inicial.

Medida recaudatoria

El impuesto establece una tabla de penalizaciones de entre 6,6 y 100 euros por kilo de gas, según su Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA). El gas usado por el 90% de supermercados (HFC 404A) es relativamente barato (recargar un kilo cuesta unos 7 euros, aseguran en el sector), pero su daño ambiental muy alto (tiene más de 2.500 PCA). De ahí que el gravamen por su uso casi multiplique por once el precio del producto. Es decir, si recargar un kilo de gas de una nevera o nave refrigeradora cuesta 7 euros, dicha recarga lleva aparejada una carga fiscal de 76 euros. Un equipo estándar de frío de un supermercado utiliza 180 kilos de estos gases.

Las empresas ven en el tributo una medida de afán puramente recaudatorio. Además, denuncian que en la actualidad no hay una alternativa tecnológica válida para los equipos ya en uso. Hay compañías como Alcampo y Eroski que están experimentando con nuevos equipos que utilizan otra combinación de gases (mezcla de CO2 y R134A) con menos PCA y por tanto sujetas a un gravamen menor (26 euros por kilo), pero su eficacia en un país tan cálido como España está por demostrar.

«No hay alternativa al uso de la refrigeración y respecto a las alternativas a los gases que ahora se usan, no están suficientemente probadas. Además, en todo caso permitirían el cambio en los equipos nuevos, no en los ya instalados», afirma García Magarzo. El parque actual de equipos de frío cargados con gas fluorado supera las 20.000 unidades. Según Asedas, cambiar de sistema en un establecimiento de 500 metros cuadrados cuesta 100.000 euros.

El director de Asedas cree que el período transitorio concedido por el Gobierno «es una mejora sustancial respecto del planteamiento inicial, pero se debería adecuar al calendario de sustitución de gases que apruebe la UE». Bruselas estudia fórmulas para prohibir, a partir de 2025, los gases de más de 2.500 PCA.

es el porcentaje medio anual de fugas accidentales de gas fluorado en negocios con sistema de refrigeración. Mantener la calidad del frío obliga a realizar recargas.