Un empresario dice que Lanzas le pidió 1,2 millones de euros para repartir entre cargos de la Junta

El empresario Jorge Andrés Morell declaró ayer a la juez instructora del caso de los ERE fraudulentos que el mediador y «conseguidor» Juan Lanzas le pidió 1.200.000 euros por sus servicios «porque tenía que repartir con gente de la Junta de Andalucía», aunque finalmente Morell solamente le pagó 11.000 euros.

El empresario declaró ayer como imputado en el caso de los ERE por las ayudas recibidas por su empresa para prejubilar a 26 trabajadores, entre los cuales se encontraba él mismo pese a que ya estaba jubilado y otro intruso.

Anticorrupción ha pedido para el empresario una fianza de responsabilidad civil de 3,2 millones de euros, equivalente a las ayudas que le concedió la Junta más el tercio legal previsto por la ley, según Efe.

Aglomerados Morell hizo un ERE para 26 personas aprovechando el traslado de su empresa desde la localidad sevillana de Santiponce a la de Villanueva del Río y Minas, a pesar de que no necesitaba el expediente porque sus trabajadores estaban formados y contratar a nuevos le supondría tener que impartirles cursos, según han informado letrados personados en la causa. Percibió un millón de euros, además de dos subvenciones de 440.000 euros, 920.000 euros en avales y 60.000 euros en cursos de formación.

Promesa

Según el empresario, había vendido sus terrenos en Santiponce para levantar pisos y el empresario José María Ruiz Mateos le aconsejó acudir al «conseguidor» Juan Lanzas para pedir ayudas a la Junta de Andalucía para el traslado.

Además, el también imputado Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, le prometió que la Junta le daría dos millones de euros, pero que lo iban a fraccionar en ayudas de 440.000 euros «para no tener que pasar por el Consejo de Gobierno».

La entonces candidata del PSOE a las elecciones en Villanueva del Río y ahora directora de Igualdad en la Diputación de Sevilla, María José Cervantes, le dijo que gracias a haber metido en la nueva empresa a los trabajadores que ella le indicó, había ganado las elecciones, según informaron algunos letrados que asistieron a la declaración.

En la tarde declararon ante la jueza dos dirigentes sindicales de CCOO, Enrique Manuel Jiménez García y Juan Antonio Caravaca Caro, acusados de introducir a un «intruso» en el expediente de la empresa Calderinox.