La desconsideración hecha insulto

Cuando los atónitos ciudadanos españoles creían que lo habían visto todo, cuando pensaban que tenían la piel curtida de latigazos figurados por culpa de la corrupción y los escándalos, de los excesos y el sectarismo, ha llegado una escena nueva. Un grupo de sindicalistas insulta, abuchea, ridiculiza y acosa a una jueza en un escrache absolutamente insólito que tiene un grave simbolismo. Porque intimidar a un juez es ridiculizar uno de los tres pilares del Estado y despreciar un sistema de convivencia que se dieron los españoles tras décadas de incapacidad democrática. Huelga decir que puede discreparse de una actuación judicial, de la forma de conducir un proceso o de una sentencia, faltaría. Pero hay mecanismos legales, acordados también de forma legítima por todos los ciudadanos, para mostrar disconformidad, para presentar recurso que, es preciso recordar, pueden acabar en sanciones para el juez que haya cometido algún error grave, aún más si se establece algún tipo de voluntariedad o afán tendencioso.

Pero de ahí a ponerse a lanzar improperios contra un juez a la puerta del juzgado va un trecho de proporciones oceánicas, el que separa lo correcto de lo disparatado, lo respetable de lo esperpéntico. Los sindicalistas que han protagonizado esa vergüenza, que ha sido condenada por partidos, tribunales, asociaciones e instituciones, deben dejar de distraer la atención y dejar trabajar a quien trata de establecer si existieron métodos de financiación ilegal o, en casos particulares, de enriquecimiento ilícito, siempre con dinero público.

Esa es la cuestión de fondo y tratar de esclarecerla debiera ser el fin último de cualquier ciudadano honrado.