El juez imputa a Serra y al resto de la antigua cúpula de Caixa Catalunya

El exvicepresidente del Gobierno y exministro de Defensa, Narcís Serra, recibió ayer la citación para declarar como imputado por un presunto delito de administración desleal durante su etapa como presidente de Caixa Catalunya (2005-2010), la actual Catalunya Banc.

Serra y los otros 53 antiguos miembros del consejo de administración de la entidad financiera, el ex director general, Adolf Todó, incluido, deberán responder ante el juez Josep Maria Pijuan a partir del 21 de octubre por los «sueldos desproporcionados» y las indemnizaciones millonarias que según la Fiscalía aprobó la cúpula de Catalunya Caixa (ahora nacionalizada) para sus altos cargos en 2010, a pesar de que la entidad atravesaba una situación «crítica», en un entorno de crisis económica.

El juez Pijuan, el mismo que instruye el 'caso Palau', considera que existen suficientes indicios de infracción criminal para llamar a declarar como imputados a los 54 ejecutivos de la antigua caja de ahorros. En concreto, el magistrado quiere indagar la «irresponsable decisión», según la denuncia de la Fiscalía, que adoptó el consejo de administración en dos reuniones celebradas en 2010 sobre las cantidades que debían percibir los directivos por su dimisión, después de que se hiciera efectiva la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Menresa y Caixa Tarragona.

La Fiscalía acusa a los 54 ejecutivos, entre ellos miembros de los sindicatos, representantes de las entidades fundadoras de la caja e impositores, de haber tomado decisiones en beneficio propio, causando un claro perjuicio a la entidad, que ese mismo año tuvo que acudir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para pedir una ayuda de 1.250 millones. Al año siguiente el FROB aportó otros 1.718 millones y en 2012 se hizo con el 100% del capital de la entidad desembolsando otros 9.000 millones. La entidad tiene en marcha actualmente un ERE que afecta a 2.400 trabajadores, casi un tercio de la plantilla.

Aumentar el sueldo variable

Las medidas tomadas en dos reuniones del consejo (una en enero y la otra en octubre) que están bajo sospecha consistieron en aumentar el sueldo variable anual del entonces director general Adolf Todó y de su adjunto, Jaume Massana, y más tarde incrementar los emolumentos de los miembros del comité de dirección.

Todó, que presidió Catalunya Caixa entre octubre de 2011 y mayo de 2013 hasta su destitución por el FROB, ganó en la entidad un total de 4 millones de euros (3,1 en retribución fija y 0,8 en retribución variable) y se aseguró pólizas y planes de pensiones por valor de 8,2 millones, según la Fiscalía. El Ministerio Público denuncia además que quien fue vicepresidente del Gobierno con Felipe González, que tenía un cargo institucional en la caja, recibía «elevados emolumentos en concepto de dietas».