La ley andaluza sobre hipotecas garantizará una mayor información al comprador

El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar mañana el anteproyecto de ley de protección de las personas consumidoras de la contratación hipotecaria. Se trata de la primera norma de este tipo en España y con ella la Junta de Andalucía pretende evitar o minimizar los efectos de las cláusulas abusivas en la concesión de préstamos hipotecarias por la única vía de la que es competente las comunidades autónomas, por la del consumo. Lo quiere hacer garantizando al comprador el máximo de información posible antes de que firme la hipoteca.

La norma, elaborada por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que dirige Diego Valderas, regula los derechos que tiene el consumidor a la hora de solicitar y suscribir una hipoteca con una entidad bancaria. «Se trata de que el usuario esté perfectamente informado de lo que va a firmar, para ello la entidad deberá facilitarle por escrito todo lo que concierne al crédito», explican fuentes de la Junta.

El proyecto de ley se inspira en la sentencia del pasado mes de marzo del Tribunal de la Unión Europea que consideraba abusiva la ley española sobre hipotecas. El tribunal europeo consideró no ajustado a Derecho que un juez no pueda suspender cautelarmente un desahucio para examinar si hay cláusulas abusivas en la hipoteca suscrita por el afectado. El Gobierno de la nación modificó la ley, aunque sin la principal concesión que reclaman las asociaciones contra desahucios, la dación en pago.

La Junta de Andalucía no tiene competencias para legislar sobre hipotecas, pero sí sobre consumo. La norma que ahora elevará al Parlamento para su debate entra en esta vía para garantizar que los ciudadanos no se lleven a engaño sobre cláusulas abusivas como la de suelo que tantos quebraderos de cabeza han dado a los compradores de casas.

La norma exigirá a las entidades ampliar la información precontractual de las hipotecas. Si un usuario acude a un banco, este deberá ofrecerle una propuesta por escrito personalizada y no estandarizada de la hipoteca como ocurre muchas veces ahora. En este escrito, el usuario deberá conocer el recorrido de su deuda hipotecaria con la entidad.

El consumidor tendrá un plazo de un mes para valorar la oferta, contrastarla con otras y responder a la entidad. Hasta ahora ese plazo es de 15 días.

Otro de los aspectos que recogerá la norma andaluza se refiere a los servicios adicionales que los bancos incluyen en sus créditos hipotecarios, como seguros de vida o de la propia casa. Según la norma andaluza, la entidad no podrá obligar al usuario a asumir estos servicios adicionales, si no que tendrán capacidad de decisión sobre ellos.

IU, que gestiona las competencias de consumo y vivienda en la Junta de Andalucía, ha dado pasos para socorrer y evitar los desahucios en esta comunidad. La Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés, sacó un decreto antidesahucios con expropiaciones temporales de la vivienda en el momento de la ejecución judicial de desalojo para evitar este y dar tiempo a la familia a poder pagarla o buscarse otra. El decreto, ahora en trámite parlamentario para convertirse en ley, también obligaba a las entidades bancarias y promotoras a poner en alquiler sus 'stock' de viviendas vacías bajo multas coercitivas. El Gobierno de Rajoy tiene recurrido el decreto al Tribunal Constitucional, que lo ha paralizado.