El Gobierno recurrirá ante el TC el decreto contra los desahucios

Pocos días después de que se conocieran las objeciones de la Comisión Europea, el Gobierno de Rajoy decidió ayer plantar batalla al decreto andaluz contra los desahucios y llevarlo al Tribunal Constitucional. Hasta ahora no se contaba con que el Ejecutivo central tomara una medida tan radical, ya que por las declaraciones de sus miembros, como por las de otros miembros del PP andaluz, la crítica residía en la inutilidad de la norma por sus semejanzas con las leyes que elpropio ejecutivo había aprobado.

Sin embargo, en la rueda de Prensa posterior a la reunión del Gabinete se hizo público que Consejo de Ministros había acordó pedir presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz sobre desahucios por considerar que vulnera el derecho a la propiedad de la vivienda.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, detalló el proceso en la rueda de Prensa posterior. Así, comenzará por pedir un dictamen al Consejo de Estado, con carácter de urgencia. El órgano tendrá tres días para responder, según la referencia oficial, plazo tras el cual se interpondrá el recurso.

La vicepresidenta, que presidió ayer la reunión del Gobierno por encontrarse su titular, Mariano Rajoy, asistiendo en Bruselas en el Consejo Europeo, manifestó que el recurso irá contra la disposición adicional segunda del decreto Ley 6/2013 de 9 de abril así como contra el artículo 1, por el que se da nueva redacción a los artículos 1.3 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía.

A juicio del Gobierno central, la medida afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma que está reservada a las Cortes Generales, argumentó la vicepresidenta.

También rechaza que la normativa andaluza establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y fija una regulación contraria al principio de igualdad, por cuanto en la regulación de los derechos afectados es necesario que exista una norma con carácter general y estatal para garantizar esa igualdad.

En cuanto a la disposición adicional, considera que «establece una discriminación arbitraria» entre los propietarios de viviendas incursas en procedimientos de desahucio, pues sólo expropia el derecho de uso de la vivienda por tres años a entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y no al resto de propietarios que incurran en el mismo supuesto de hecho, vulnerando los artículos. 14 y 9.3 de la Constitución, según la referencia oficial de la reunión del Gobierno.

El recurso del Gobierno cuestiona también la modificación del art. 53.1. establece una serie de sanciones a los propietarios de viviendas vacías que no hayan alquilado, «sin que resulte acreditado que el propietario dispuso de condiciones y oferta mínimamente razonables para alquilar, cuando en nuestro ordenamiento no puede establecerse una responsabilidad penal o administrativa sancionadora al margen del principio de culpabilidad, lo que vulnera el articulo 130.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, de 1992».

Las dudas de la UE

Pero a tenor de la rueda de Prensa de Soraya Saenz de Santamaría, en la decisión del Ejecutivo ha tenido que ver la resolución de la Unión Europea en contra del decreto, de la que dio cuenta el ministro de Economía, Luis de Guindos. Sáenz de Santamaría admitió la preocupación del Ejecutivo por las dudas expresadas por Bruselas. Según De Guindos, «el decreto andaluz va a llevar a que no se concedan créditos en Andalucía ni se vendan pisos».

El grupo socialista ha pedido la «comparecencia urgente» para que el Gobierno explique la decisión en el Congreso, ya que, según su portavoz, «no hemos encontrado ni una sola razón que pueda avalar un recurso de inconstitucionalidad».