Cristina Fernández se resigna a la dura derrota en la reforma de la elección de jueces

Sin otra alternativa y a regañadientes, el Gobierno de Cristina Fernández aceptó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que declaró inconstitucional una polémica ley de reforma judicial propuesta por el oficialismo y votada en mayo por el Congreso. La norma proponía la elección popular de miembros del Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar candidatos a jueces. Sus miembros, determinó el alto tribunal, seguirán siendo abogados, jueces y juristas seleccionados por sus organizaciones respectivas, no por el electorado.

«Esperábamos una sentencia más democrática», declaró el ministro de Justicia, Julio Alak. En nombre de Cristina, el funcionario aseguró que el Gobierno acata el fallo, que es inapelable, pero mantendrá vivo el debate sobre la democratización del poder judicial que inició la presidenta con las seis propuestas de reforma enviadas al Congreso en mayo. Para Alak, los magistrados han privilegiado «el voto calificado» por encima del sufragio popular.

En tiempo récord, la Corte ratificó la noche del martes el fallo de primera instancia emitido por la justicia electoral federal la semana pasada, que declaraba inconstitucional la votación directa de consejeros. Según la nueva ley, esta elección se iba a realizar en agosto junto con las primarias para las legislativas de octubre. Ahora la sentencia anula los comicios para consejeros, un duro revés para el Gobierno.

Pelea contra 'Clarín'

Los jueces consideraron que la reforma equivalía a una «transgresión constitucional» que «compromete la independencia judicial» porque obligaba a jueces y abogados a participar en campañas junto a los partidos políticos para salir elegidos.

La oposición, que había votado contra los seis proyectos de reforma judicial, aplaude el dictamen. El Gobierno exhibe su decepción, pero descarta apelar a instancias internacionales. Más aún, hay cierto celo en no atacar con munición demasiado gruesa al máximo tribunal, que desde hace tiempo tiene en cartera la sentencia por la constitucionalidad de ley de medios audiovisuales, una pelea que mantiene al Ejecutivo enfrentado con el grupo periodístico 'Clarín' desde hace casi cuatro años.