El que pregunte no cobra

Que las relaciones laborales han cambiado en los últimos tres años -para deteriorarse, según la mayoría de asalariados- bajo la bota de la falta de dinero y la nueva legislación general parece una realidad aceptada por casi todos.

Pero que un grupo de trabajadoras deje de recibir su sueldo atrasado únicamente por buscar asesoramiento legal y recurrir a los organismos administrativos de mediación, sin interponer siquiera demanda, parece un nuevo hallazgo. Esa es la denuncia de una veintena de trabajadoras de la residencia de ancianos Alvernia, ubicada en la calle Santiago Terry del casco antiguo de Cádiz. Este centro, hasta finales de 2012, estaba gestionado por la Fundación Martínez Yepes (que comparte responsables y estructura con la Fundación Pinillos).

Las dificultades financieras de esta entidad benéfica y sin ánimo de lucro, lastrada por los retrasos en la recepción de las subvenciones de la Junta de Andalucía, le hicieron renunciar a encabezar el proyecto tras algunas incidencias en el pago de nóminas que siempre fueron subsanadas con entendimiento entre las partes. La gestión del centro (que acoge a una treintena de ancianos mayoritariamente en situación de dependencia severa) pasó con el inicio de este año a la Fundación Gerón, que se ha hecho cargo de los casi 30 trabajadores.

Hasta ahí, el relato es el de unas dificultades más o menos superadas, aunque los empleados se dejaron buena parte de su poder adquisitivo en el trayecto. La complicación aparece después. En el tránsito de la Fundación Martínez Yepes a Gerón, las trabajadoras, aseguran varias de las afectadas, dejan de cobrar una mensualidad, la de enero, y los extras (festivos, fines de semana...) de ese periodo. Como media, una cantidad que oscila entre los mil y los 1.500 euros por persona. Los reclaman a la Fundación Martínez Yepes -a la que aún le correspondía pagarlos- pero no los reciben. Cuando han transcurrido varios meses de ruegos y negociaciones, una veintena de las empleadas -siempre según su versión- se ponen en contacto con un abogado para que las represente y reclame la cantidad. Varias de las damnificadas han sufrido consecuencias graves en su economía doméstica como el corte del suministro de electricidad por impago de facturas. El letrado reclama las cantidades por vía del diálogo y recurre el Cemac (Centro de Mediación Arbitraje y Conciliación de la Junta de Andalucía). Cinco de las 30 trabajadoras prefieren no recurrir a esta vía y siguen con sus peticiones particulares a la Fundación.

Nunca quisimos demandar

Las trabajadoras que usaron la ayuda profesional afirman que siempre se negaron a demandar, de hecho aún no hay demanda, y que ni siquiera están sindicadas, que sólo solicitaron ayuda, información, por necesitar el dinero. La respuesta de la Fundación Martínez Yepes (ligada a la Fundación Pinillos) fue abonar íntegramente los débitos a las trabajadoras que no habían recurrido a la mediación. Las que pidieron ayuda al abogado y se sometieron al Cemac siguen esperando los pagos, seis meses después.

Fernando Otero, responsable de ambas fundaciones, asegura a LA VOZ que las trabajadoras «cobrarán hasta el último euro» de los sueldos que se les adeudan aunque advierte: «Recurrieron a otra vía y tendrán que esperar que ese proceso concluya. Cuando la administración dictamine lo que considere, cumpliremos con lo que dicte, como no puede ser de otro modo», asegura el portavoz de la entidad sin ánimo de lucro.

Tanto varias de las afectadas como su representante legal, Enrique Balestra, discrepan. No hay ninguna resolución que esperar porque no hay ningún proceso en marcha. Nadie ha interpuesto demanda y, por tanto, no hay decisión que esperar. Ante esta certeza, se declaran represaliadas únicamente por haber buscado asesoramiento y recurrir a la mediación de un profesional, sin presentar siquiera demanda.

Buscar ayuda es lo único que las diferencia de las que sí han cobrado.