Un comité europeo alerta de la práctica de torturas en Puerto III

El Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura (CPT) constata en un informe elaborado a raíz de una vista realizada al centro penitenciario de Puerto III que se cometían maltratos y vejaciones por parte de funcionarios a los internos, que la atención médica psiquiátrica era insuficiente y que los presos eran sometidos a aislamientos «excesivos» y a inmovilizaciones «inaceptables», algo que también vio en la cárcel de Córdoba, donde los reclusos eran atados con esposas a un bloque de cemento.

En el informe se señala que la situación de Puerto III era «especialmente preocupante» y había una tensión «claramente palpable» ya que varios de los presos tenían miedo a «recibir represalias por parte del personal» por el hecho de hablar con la delegación del CPT que visitó el centro.

Colaboración de los enfermeros

Así, se señala que en el módulo especial el maltrato «parece que era un asunto particularmente problemático, especialmente durante la noche, con respecto a los reclusos que se encontraban en régimen de aislamiento». En este sentido, se recoge el testimonio de un recluso acusado de estar en posesión de droga que asegura que se le obligó a hacer varias flexiones. Debido a su negativa, el funcionario, según agrega el preso, le dio varios puñetazos y fue llevado a la enfermería, donde, según el registro, fue atado a una cama durante casi cinco horas y se le introdujo a la fuerza un catéter en el pene para obtener una muestra de orina, lo que le causó que orinara sangre.

El recluso fue llevado de nuevo al modulo especial donde afirma que le propinaron puñetazos y patadas y se le sujetó a una cama durante casi 17 horas durante las cuales, según su testimonio, un funcionario de prisiones le propinó puñetazos repetidamente.

El comité está «especialmente preocupado» por el hecho de que un preso fuera atado en la enfermería de la prisión «con la participación activa del personal sanitario y que se llevara a cabo a la fuerza un procedimiento molesto, humillante y potencialmente dañino». «Esta medida supone una clara violación de la ética médica y podría suponer un trato degradante e inhumano», advierte el informe.

Recomienda que se lance un claro mensaje a todos los funcionarios de prisiones en el que se indique claramente que todas las formas de maltrato, incluido el maltrato verbal, no son aceptables y serán motivo de sanción grave.

Mes y medio de aislamiento

Del mismo modo, alerta de un caso en el que un recluso fue sometido durante 42 días consecutivos al régimen de aislamiento, lo que constituye «un castigo absolutamente excesivo» y, tras señalar que el aislamiento «puede repercutir muy negativamente en la salud mental, física y en el bienestar social de los afectados», recomienda la adopción inmediata de medidas para garantizar que ningún recluso sea puesto en régimen de aislamiento durante más de 14 días.

Con respecto a las inmovilizaciones, alerta de que en los cinco primeros meses de 2011 se registraron 36 casos en los que se recurrió a esta técnica, en 17 de ellos se mantuvo atado a un preso toda la noche y señala que se mantuvo inmovilizada a una reclusa durante 21 horas y tras un descanso de nueve horas, otras 14 horas más al día siguiente.

La mujer declaró que durante el período en que estuvo inmovilizada no se le permitió realizar sus necesidades, por lo que se orinó en su ropa, y el informe alerta de que esos períodos de inmovilización son «totalmente inaceptables».

Con respecto a los módulos especiales, se indica que las condiciones materiales de Puerto III eran mejores que las de otros centros aunque no se ofrecía a los presos del especial ninguna actividad organizada y no existía mucho apoyo para ayudarles a que se reinsertaran en un módulo de régimen ordinario.

En lo que se refiere a la atención sanitaria, el CPT recomienda al Gobierno que se adopten las medidas necesarias para garantizar que los presos vulnerables que se encuentran en unidades especiales tengan acceso a los tratamientos y atención necesarios y que los presos que sufran trastornos mentales sean llevados a un centro médico adecuado.