Pablo Ruz llega a las instalaciones de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. :: BALLESTEROS / EFE
ESPAÑA

Ruz echa a los populares de 'Gürtel' porque nunca acusaron al extesorero

El juez, como el fiscal, piensa que no puede jugar ese papel quien puede acabar siendo responsable civil de los hechos investigados

MADRID. Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Pablo Ruz dictó ayer un auto por el que expulsa al PP como parte en el sumario central del 'caso Gürtel' y revoca el papel que como acusación popular desempeña desde 2009, el año en que se hizo pública la investigación de la presunta red de corrupción encabezada por Francisco Correa y sus posibles sobornos a varias decenas de concejales, alcaldes, altos cargos, consejeros autonómicos y parlamentarios nacionales de la formación liderada por Mariano Rajoy. Las razones que han llevado al juez instructor de la Audiencia Nacional a tomar esta drástica decisión, en la que es apoyado al cien por cien por la Fiscalía Anticorrupción, son variadas, pero la fundamental es que considera que los letrados populares nunca han ejercido una acusación real en la causa, de forma especial en todo lo concerniente a la imputación del tesorero del partido hasta 2010, Luis Bárcenas, de su mujer, Rosalía Iglesias, y del exdiputado en el Congreso de la misma formación, y también implicado, Jesús Merino.

De hecho, la decisión de ayer, según Ruz, es la única «coherente» con la resolución que ya adoptó el pasado 4 de abril. Entonces, también con la anuencia del Ministerio Público, rechazó de forma rotunda la pretensión del PP de personarse como acusación popular en la pieza separada del 'caso Gürtel' que se abrió a raíz de la publicación de los llamados papeles de Bárcenas, y que investiga la presunta existencia de una contabilidad B en la formación conservadora que ocultaría la recogida durante años de donaciones empresariales ilegales y el posterior reparto de sobresueldos a sus dirigentes con este dinero, así como la posibilidad de que los fondos fueran opacos para Hacienda.

Conexiones

Ruz dedica al menos la tercera parte de los 20 folios del auto a repasar la labor que como acusación popular ha realizado el PP en la instrucción, tanto durante el tiempo que la ejerció en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -que ya valoró la posibilidad de expulsarlo de la causa- como durante su retorno, desde 2011, a la Audiencia Nacional.

El instructor cita y se detiene en el análisis de más de una docena de escritos, recursos y alegaciones con los que los abogados del partido conservador se alinearon y apoyaron los intereses de las defensas de Bárcenas, Iglesias y Merino, y buscaron su exculpación y el archivo de las acusaciones penales que había contra ellos.

Recuerda que primero lo hicieron con su respaldo a los autos del Tribunal Superior de Madrid que decidieron archivar las actuaciones contra los tres y que, más tarde, continuaron con la oposición a los escritos del instructor y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que decidieron volver a imputarlos.

Ruz subraya varios escritos del PP que insisten en que no hay elemento alguno que permita sostener que estas tres personas hayan incurrido en delitos fiscales, de cohecho o de blanqueo de capitales, cosa que cree que ha quedado desmentida por el avance de la investigación. El juez apunta a que no solo hay ya una posición de pasividad en el proceso, poco congruente con un acusador, sino más bien una reiterada coincidencia con las defensas.

El auto señala asimismo que, dada la conexión que el tribunal ha establecido entre pagos de imputados de la 'trama Gürtel' y apuntes de donaciones de la presunta contabilidad B de Bárcenas, no tiene sentido que el PP sea acusador en el sumario principal de la trama de corrupción si no puede serlo en la pieza separada.

Ruz dice que, «a partir de los datos obrantes en las diligencias (papeles de Bárcenas), y sin perjuicio del carácter incipiente de tal instrucción», la formación conservadora «resultaría directamente investigada y eventualmente responsable civil subsidiaria de parte de los hechos objeto de investigación si se llegan a confirmar tanto la realidad de los mismos como su calificación, entre otros, como presuntos delitos contra la Hacienda Pública».