Adiós al IPC en los contratos y las tarifas que determinan las admnistraciones

No se puede decir que la actividad económica necesite precisamente una inyección de frío. Pero entre las pocas novedades del programa de reformas presentado por el Gobierno aparece la bautizada como 'ley de desindexación' de la economía española. En palabras claras: se pretende decir adiós al IPC como referente en los contratos y tarifas de las administraciones. No hay mucha concreción de momento. Está previsto que el proyecto de ley se presente al Consejo de Ministros a finales de mayo de este año, de manera que pueda entrar en vigor en enero de 2014, el momento en que se actualizan la mayor parte de los precios.

Aunque limitada a «ingresos, gastos, precios, tarifas, tasas y rentas de las administraciones públicas», la eliminación de la referencia al IPC se abre camino en otros campos. En las pensiones podría ir incluída en el factor de sostenibilidad que pretende garantizar la permanencia del sistema. En la actualidad, la ley obliga a actualizar las pensiones con arreglo a la evolución de los precios de consumo, pero esta adecuación no se cumplió el pasado año. Documentos remitidos al Pacto de Toledo para estudiar eventuales cambios no se pronuncian por uno u otro procedimiento para drenar la escalada del gasto en pensiones.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, trató de delimitar los campos. En su opinión, «hay que diferenciar dos planos». Con la aplicación del factor de sostenibilidad, precisó, «el marco de las pensiones será muy específico a partir de su aprobación». Otras fuentes no descartaron este traslado. Por si hiciera falta para este u otro cometido, el Insitituto Nacional de Estadística hace ya meses que elabora un IPC a impuestos constantes, que resulta significativamente más bajo que el general. No tiene en cuenta, por ejemplo, el efecto ejercido por la última subida del IVA sobre los precios finales.

Control de precios

De momento, la aspiración confesada de este proyecto trata de evitar, según medios del Gobierno, que las alzas de materias primas o de otros componentes de bienes y servicios desencadenen efectos de segunda vuelta, es decir, que se encadenen, como en el juego del dominó, unas subidas a otras hasta provocar aumentos indeseados en el proceso de formación de precios de la producción española.

Su justificación está clara: de un modo u otro, se trata de evitar el automatismo de estos traspasos, y con ellos las pérdidas de competitividad en momentos en que la evolución de la economía se juega en el terreno de las exportaciones. Los mismos portavoces pusieron variados ejemplos. En los contratos plurianuales de las administraciones públicas, se suele establecer una cláusula de revisión por ejercicio. No parece factible que el cambio de referencia se pueda aplicar con efecto retroactivo, pero sí de cara al futuro. El ámbito establecido no es tan limitado como pudiera pensarse de partida. El IPC se aplica desde alquileres de vivienda (donde se aplica el IPC por acuerdo, pero también si existen discrepancia entre las partes) hasta las concesiones de trayectos a las empresas de autobuses. En el ámbito privado tampoco estaría prevista una repercusión directa, si bien el camino estaría trazado.

Otros índices

¿Qué otro índice puede reemplazar a la evolución de los precios de consumo? Fuentes del Gobierno reconocen que nada está decidido. Y también admiten que hay ámbitos donde la actualización se puede suprimir sin más, allí donde no medien cláusulas contractuales. En definitiva, el Gobierno quiere generar un «efecto emulación» en el sector privado con la ley de desindexación de determinados costes y precios al IPC. Allí donde se fijen nuevos índices. La intención es generar un cambio estructural en la economía para avanzar a una cultura de mayor estabilidad de precios y más sostenible en el medio y el largo plazo.

Si se fijan nuevos índices, el Gobierno ha garantizado que serán más exigente que el IPC y en su formulación se tendrá en cuenta el nivel de inflación del 2% considerado por el BCE como estabilidad de precios.