Guindos dice que el decreto andaluz dificultará a los jóvenes comprar casas

El decreto andaluz que permite la expropiación de viviendas a la banca en determinados casos de desahucios centró ayer parte del debate de control al Gobierno en el Congreso. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, respondió al dirigente de IU, Francisco Frutos, y al diputado del PSOE, Miguel Ángel Heredia, que «lo único que va a conseguir» el decreto de ley de la Función Social de la Vivienda es que «no haya crédito hipotecario en la región» y con ello, se perjudique a los jóvenes, que tendrán más dificultades para acceder a la vivienda, y un empeoramiento de la situación del sector de la construcción. De Guindos eludió responder si el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la medida, algo que el PP andaluz descarta.

«Me preocupa que en Andalucía no se concedan más hipotecas, lo que puede tener dos consecuencias muy perjudiciales, los jóvenes tendrán muy complicado acceder a una vivienda en propiedad en Andalucía y, en segundo lugar, afectará al sector de la construcción en una comunidad que tiene tasa de paro 10 puntos por encima de la nacional y que sufre una fuerte caída en el sector», dijo De Guindos.

El ministro defendió como solución las medidas adoptadas por el Gobierno central, entre ellas, el establecimiento de límites a los intereses de demora, la paralización de los desahucios por dos años para los más desfavorecidos o la creación del Fondo Social de Vivienda para el alquiler.

El coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, subrayó que el decreto andaluz «pretende convertir el miedo al desahucio en un derecho a la vivienda» mientras que la propuesta estatal «es hija de la línea roja que ha marcado la banca» porque «no paraliza todos los desahucios de vivienda habitual, no resuelve la dación en pago retroactiva, no transforma la hipoteca en alquiler social y dedica cifra insignificante a vivienda de alquiler» mientras que el decreto andaluz quiere dar uso social a la vivienda vacía. Ha pedido al ministro que «no le ponga zancadillas» al decreto andaluz y que «trabaje en favor de los desahuciados y no de los banqueros desahuciadores» porque en política «se está con lo justo y con la gente que expulsan de sus casas» o «con la banca, permitiendo la usura y el robo de derechos.

Al respecto, De Guindos defendió que el Gobierno de Rajoy ha limitado sueldos, indemnizaciones y pensiones de banqueros y que ha incrementado sus necesidades de capital, entre otras medidas. «No diga que estamos con los banqueros, estamos con la gente», espetó.

El coordinador del grupo de diputados andaluces del PSOE, Miguel Ángel Heredia, reprochó al ministro que en el año que lleva el PP en el Gobierno, «lejos de hacer fluir el crédito, han perdido hasta el crédito de su partido». Heredia ensalzó que el Gobierno de Griñán haya «puesto un poco de razón en la sinrazón de los desahucios» con una respuesta «contundente» a una situación de «evidente emergencia social». «¡Qué distinto es tomarse las cosas en serio a jugar con las expectativas de la gente! La Junta ha demostrado que sí se puede», enfatizó.

En la sesión estuvo presente la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, quien replicó al ministro en los pasillos del Congreso que después de los casi 185.000 millones de euros que se le ha dado a la banca, «el crédito no fluye ni para las pymes ni para las familias».

Bruselas, pendiente

El decreto andaluz es también objeto de atención en Bruselas. La Comisión Europea (CE) analiza su impacto en la banca española, como se sabe sujeta a un rescate. «La CE está actualmente analizando el impacto de este decreto», confirmaron a Efe fuentes del Ejecutivo comunitario. La CE también analizó el decreto del Gobierno de medidas contra desahucios del pasado año.

Según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del pasado año en Andalucía aumentaron el pasado año un 40% los desahucios. Se registraron un total de 13.737 diligencias por lanzamientos, de los que 8.101 se pudieron llevar a cabo y otros 1.821 quedaron pendientes a final de año, cifra a la que debe sumarse aquellos que se ejecutaron de forma parcial o con resultado negativo, lo que situaría el total de la pendencia en torno a los 7.000.