El Gobierno reforma la ley de seguridad privada para acabar con el espionaje político

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de nueva ley de seguridad privada que, entre otros aspectos, regula las actividades de las agencias de detectives para poner coto a casos de espionaje político similares al protagonizado en Cataluña por la empresa Método 3, cuyos inductores no han sido identificados.

Una vez entre en vigor, las empresas de seguridad e investigación deberán inscribirse en un registro de nueva creación para mantener un mayor control sobre sus actuaciones. Los detectives tendrán la obligación de elaborar un exhaustivo informe para cada caso que estará a disposición de las fuerzas de seguridad y en el que deberán figurar, entre otros datos, el nombre del cliente, el encargo que se realiza, los medios de los que se hace uso para cumplir tal cometido y los resultados que se obtienen en las pesquisas. Por último, a final de año las agencias deberán presentar a Interior una memoria sobre la actividad llevada a cabo. Infringir la normativa supondrá sanciones graves, que podrían llegar al cierre de la empresa investigadora o de seguridad.