Zoido y Sanz con los presidentes provinciales, entre ellos Amat, Pérez y Elías Bendodo. :: J. M. VIDAL. EFE
ANDALUCÍA

Los presidentes provinciales del PP piden a Griñán un plan conjunto de empleo

Los socialistas reclaman a Rajoy que modifique la ley de Estabilidad para poder dedicar a inversiones el superávit

SEVILLA. Actualizado: Guardar
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El presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, pidió ayer en nombre de los presidentes de las cinco diputaciones gobernadas por su partido una reunión con Griñán para reclamarle un plan de empleo financiado a medias entre la administración autonómica y las provinciales.

Zoido, acompañado por los cinco presidentes -Gabriel Amat (Almería), José Loaiza (Cádiz), Mª Luisa Ceballos (Córdoba), Sebastián Pérez (Granada) y Elías Bendodo (Málaga) reprochó a Griñán que no solo no reciba a los alcaldes sino tampoco a los presidentes de las diputaciones y le acusó de no hacer nada para luchar contra el desempleo. «Ni está ni se le espera», dijo sobre lo que considera inactividad de la Junta en la materia.

El presidente del PP-A no concretó las cantidades que debería poner la Junta ni tampoco las que ofrecen las diputaciones para el convenio. Tampoco quiso avanzar las nuevas propuestas en materia de empleo que prepara su partido.

Zoido invitó a las tres diputaciones gobernadas por el PSOE para unirse a la petición. El presidente del PP ironizó con que a la misma hora los presidentes de Jaén, Huelva y Sevilla se reunían también en Sevilla para contraprogramar el encuentro de los populares.

Las peticiones de los socialistas iban en el mismo sentido, pero dirigidas al Gobierno de la nación del PP. Fernando Rodríguez Villalobos (Sevilla); Ignacio Caraballo (Huelva), y Francisco Reyes (Jaén) reclaman a Rajoy que reforme la Ley de Estabilidad Presupuestaria para tener la opción de invertir sus superávit y remanentes positivos en iniciativas para «generar empleo» en sus municipios, así como la puesta en marcha de un Plan de Fomento del Empleo Agrario (Pfoea) -el antiguo PER-, ante las malas cosechas de este año. La ley de Estabilidad fija un techo de gasto para las administraciones locales y las obliga a destinar íntegramente los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto» a «reducir el nivel de deuda pública».