El juez que imputó a Sarkozy recibe amenazas de muerte

El juez de instrucción que la semana pasada imputó al anterior presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy, y que lo investiga por posible financiación electoral ilegal ha recibido amenazas de muerte en una carta que contenía munición. La información sobre el acoso a Jean-Michel Gentil, su familia y otros jueces fue revelada por el Sindicato de la Magistratura, cuya presidenta, Françoise Martre, denunció las declaraciones de los políticos que habían calentado el ambiente contra el instructor. «Ha habido un clima muy violento. Tiene que acabar. Los políticos deben entender que hay discursos que tienen consecuencias muy fuertes sobre los ciudadanos. Ya basta», señaló Martre en una entrevista en la emisora de radio France Info. La magistrada insistió en que la investigación sobre Sarkozy «tiene que continuar y los políticos deben ser responsables porque se dirigen a los ciudadanos, que no están necesariamente preparados para tener un enfoque mesurado». La Fiscalía de Burdeos investiga la carta dirigida a «Gentil y a otros magistrados».

Duras críticas de la derecha

El expresidente francés fue imputado el día 21 por abusar presuntamente de debilidad en el caso de la multimillonaria Liliane Bettencourt, dentro de la investigación abierta por la supuesta financiación ilegal de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007. Unos hechos que, si quedaran probados en un juicio, podrían conducir a una condena de tres años de cárcel, 375.000 euros de multa y 5 años inhabilitación.

Diversos responsables de la derecha francesa han criticado con mucha dureza al juez. El propio Sarkozy afirmó el lunes que su imputación es «injusta porque nunca durante el ejercicio de sus funciones traicionó los deberes» de su cargo. También avanzó que iba a «dedicar toda (su) energía a demostrar (su) honestidad», aunque ayer aplazó la presentación de un recurso. Según su abogado, Thierry Herzog, el ex jefe del Estado le ha solicitado que espere a conocer la opinión del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) sobre la polémica que rodea la imputación.

La ministra de Justicia, Christiane Taubira, ha pedido a ese órgano judicial que se pronuncie sobre «las consecuencias para el buen funcionamiento de la Justicia» de los comentarios contra el caso y el juez que lo instruye.