Certifican que al bloque de La Ardila no le pasa nada dos años después del desalojo

¿Qué cara se le queda a una persona que tras estar dos años fuera de su casa se entera que no ha existido razón para su desalojo? La misma que tienen ocho familias de La Ardila, que tuvieron que abandonar sus viviendas por orden del Ayuntamiento ante peligro de derrumbe. El edificio, propiedad de la Junta de Andalucía, ha permanecido dos años cerrado, sin que nadie se preocupara por la situación ni del inmueble ni de sus inquilinos. Hasta que Pedro Reyes llegó a la Corporación y desde entonces ha instado a su partido, Izquierda Unida, para que buscara una solución.

A partir de ahí se han realizado pruebas de carga, por una empresa especializada, y también análisis del hormigón y de los cimientos. Las conclusiones: no existe peligro de derrumbe. Tampoco aluminosis, un defecto del hormigón por el que pierde sus propiedades haciéndose menos resistente y más poroso, poniendo así en peligro la estabilidad del edificio. Esto quiere decir que fueron desalojados sin razón para ello. Lo único que se ha detectado son humedades debido a que el edificio ha permanecido durante mucho tiempo cerrado y tiene corrosión en algunos puntos de las gavillas. Una serie de deficiencias menores a las que la Junta se ha comprometido a poner solución. De hecho, existe hasta un plazo, mes y medio. Por lo tanto si no surgen complicaciones los vecinos podrán volver a sus pisos a lo largo del mes de mayo.

Termina así un calvario que comenzó con la caída del techo de un cuarto de baño en una de las viviendas que estaba de reforma. Tras la petición de la presidenta de la comunidad, un perito realizó un informe que determinó el riesgo de derrumbe. Entonces se les obligó a los vecinos a apuntalar sus casas, viviendo así durante un año, hasta que al final, y viendo que la Junta no solucionaba los problemas, el Ayuntamiento decidió ordenar el desalojo. Ahora la Junta ha determinado que no existe razón para una medida tan drástica.

Durante dos años los inquilinos han tenido que hacer frente a un alquiler a la espera de que se le solucionara el problema, algo que ha tardado pero que parece que llegará en breve. Claro que ahora acumulan otra serie de contratiempos, ya que muchos no han podido hacer frente a su nueva situación. Una de las familias que vivía en estos pisos está haciendo todo lo posible por evitar el desahucio decretado de su vivienda, puesto que al tener que irse de alquiler no tuvieron más remedio que dejar de pagar la hipoteca. Ayudados por Izquierda Unida han realizado ya diferentes gestiones legales para solicitar la suspensión inmediata de esta ejecución hipotecaria. De no conseguirlo la familia de Ana María Bouzo perdería una casa en la que lleva casi dos años sin vivir.

Lo curioso de todo es que durante dos años estos inquilinos no han tenido ninguna noticia sobre sus viviendas. Incluso se fueron sin conocer realmente la razón por la que tenían que irse y en qué se sustentaba el riesgo de derrumbe, saliendo a la palestra entonces unos problemas de aluminosis que tampoco existen, ni de cimentación, ni de pilares. ¿Quién se hace ahora responsable?