Urdangarin reconoce un posible fraude en la empresa que comparte con la infanta

¿Un nuevo intento de pacto encubierto? En la Fiscalía Anticorrupción creen que más que una oferta de acuerdo es un pequeño cambio de rumbo ante el fracaso reiterado de la estrategia de negarlo todo y de culpar a Diego Torres de todas las irregularidades. Lo cierto es que, por primera vez desde que hace casi un año empezara la instrucción del 'caso Nóos', Iñaki Urdangarin admite algo de culpa, poco, pero algo. Entre los documentos enviados por el abogado del duque para alegar contra la fianza civil de casi 8,2 millones, hay un apartado, muy pequeño, dedicado a entonar una suerte de 'mea culpa' en lo que se refiere a Aizoon, la inmobiliaria fantasma de la que son copropietarios al 50% Urdangarin y la infanta Cristina.

En esa documentación, el letrado Mario Pascual Vives se declara dispuesto a aceptar una multa por las supuestas irregularidades fiscales cometidas por la inmobiliaria en los ejercicios de 2004 y 2005. «Si las liquidaciones de dichos impuestos, IVA, sociedades, no fueron correctos o no se ajustaron a la legalidad vigente en aquel momento -admite la defensa del duque- mi mandante, como no podría ser de otra manera, contribuirá al pago de las eventuales cantidades adicionales que en vía administrativa resulten». La oferta de pagar lo que supuestamente Urdangarin ocultó al fisco tiene, no obstante, trampa, según advierten los expertos de la Fiscalía Anticorrupción. Las posibles irregularidades por las que se ofrecería a pagar el yerno del Rey en realidad están prescritas, por lo que, aunque quisiera, no podría abonar multa alguna.

No obstante, el 'mea culpa' de Urdangarin con su inmobiliaria y los impuestos no es completo ni mucho menos. En la documentación hecha llegar al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma se insiste en que si hubo irregularidades fueron por culpa de la familia Torres. Más exactamente de los tres cuñados de su exsocio. «En los referidos ejercicios económicos la Sociedad Aizoon S.L. pagó aquellos impuestos que, según le indicaron sus asesores legales, contables y fiscales, que en aquel tiempo eran Marco, Miguel y Luis Tejeiro», señala el letrado.

En cualquier caso, Urdangarin asegura que «siempre» tuvo el «convencimiento personal de haber actuado dentro de la legalidad y honorabilidad que le ha sido exigida». Y su abogado recuerda que colabora con la «exhaustiva inspección tributaria» que Hacienda abrió a Aizoon y a él mismo en noviembre de 2011.

«Solo cobró»

En ese mismo documento, el duque admite, también por primera vez, que buena parte del dinero público que entró al entramado Nóos por los convenios por valor de seis millones de euros firmados con Valencia y Baleares terminaron en Aizoon, a pesar de que esta firma es una inmobiliaria sin personal y sin actividad conocida.

«La Sociedad Aizoon solo cobró por la intervención en los dos Congresos de Valencia de 2004 y 2005 y por el de Palma 2005, la cantidad de 706.932 euros», llega a reconocer la defensa del duque. Urdangarin admite que en 2004 fueron 316.137 euros y en 2005 fueron 390.795, cantidades que fueron facturadas por la inmobiliaria a las empresas «Instituto Noos de Investigación Aplicada» y «Noos, Consultoría Estratégica».

Lo que no entra a precisar el escrito remitido al juez José Castro es por qué conceptos contrató Urdangarin a su propia empresa servicios para celebrar esas tres cumbres deportivas-empresariales, cuando Aizoon, según el registro mercantil, es una firma dedicada a la compra y venta de viviendas y terrenos. Anticorrupción, tras repasar los argumentos del duque, asegura estar «más convencida que nunca» de que la compañía propiedad de la infanta Cristina y su marido fue usada «sin tapujos» para «desviar dinero público a bolsillos privados».