Andalucía hace 'lobby' en Bruselas

En un piso de la rue Van Orley 5, una tranquila calle del centro de Bruselas, desde la cual se atisban los edificios acristalados de la Comisión Europea, tiene su sede la delegación de la Junta de Andalucía ante la UE. Creada en 1990 y recogida en el Estatuto, tiene la misión de velar por los intereses andaluces en todo lo que se trama en la capital comunitaria, apoyar a los sectores afectados y colaborar en la promoción exterior de la comunidad. No es poca cosa, aunque la jerga administrativa en general, y la comunitaria en especial, parece hecha para confundir, más que aclarar. Pero Miguel López, presidente de la COAG, se explica muy claro: «Se trata de muchísimo dinero. Sólo para el sector agrario andaluz hablamos de dos mil millones de euros». Hay además fondos de cohesión, fondos estructurales, «cuarto pilar», «séptimo programa marco», programas Life, un sinfín de capítulos en los que pedir ayudas o presentar proyectos, un intrincado mundo en el que hay que estar, coinciden todas las fuentes, y mantenerse bien informados, para aprovechar las oportunidades. Sobre todo ahora que «más Europa» parece ser la única solución a la crisis económica.

La oficina tiene un presupuesto de 379.000 euros, con un recorte el 30% respecto al año anterior. A su frente está una delegada del Gobierno, Francisca Pleguezuelo, nombrada en diciembre, que tiene a su cargo cuatro funcionarios dependientes de Presidencia, consejería a la que se adscribe Acción Exterior; otros tres de los departamentos de Agricultura, Medio Ambiente y Salud, para atender sus respectivas áreas, y tres becarios. La austeridad hará que compartan sede en breve con una región del noreste de Rumanía, para dividir gastos, como están haciendo otras comunidades. Asturias, por ejemplo, va a «refugiarse» en la embajada española y a cerrar un edificio completo en propiedad que posee, con restaurante incluido. No es el caso andaluz, que está de alquiler y ha desestimado la opción de compra del piso que ocupa.

Prácticamente todas las regiones españolas y la mayoría de las europeas tienen sede propia en Bruselas. La cuestión es ¿sirven para algo? Para saberlo recurrí a la mejor fuente que se me ocurrió, el corresponsal de Vocento en la capital comunitaria, Iñaki Castro: «La representación española ante la UE y las delegaciones regionales hacen un trabajo distinto», me cuenta. «En este último caso, creo que su labor tiene más que ver con conocer al dedillo las convocatorias de las ayudas en los distintos departamentos comunitarios, poder hacer de enlace ante cualquier asunto con el complicado mundo europeo, ver qué se cuece a nivel institucional tanto en la UE como en los países, ofrecer cierta visibilidad de la región...». «Por ponerte un ejemplo», continúa, «si una ciudad quiere ser capital europea de algo (cultura, medio ambiente...) ayuda mucho tener aquí una delegación que te apoye en ganar terreno. Ahora que me acuerdo, aquí se decía que San Sebastián se llevó en gran medida la capital cultural de 2016 porque supo moverse bien en Bruselas. En cambio, Córdoba o Málaga y otras que se presentaban parecen que no estuvieron tan acertadas».

Otra buena fuente es Luis Planas, actual consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, quien firmó el decreto para crear la primera oficina en 1990, como consejero de Presidencia. Era una representación del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Durante su etapa como embajador de España ante las comunidades europeas, hasta el pasado año, Planas mantuvo contacto estrecho con ésta y las demás delegaciones de las regiones españolas, que tienen establecido un organismo, la CORE, donde se ven periódicamente y se reparten áreas de trabajo. A nuestra comunidad le toca liderar Salud y Medio Ambiente.

Planas es, pues, testigo privilegiado: «La oficina regional tiene todo el sentido, porque la representación permanente de España, aunque es grande en efectivos, más de 150 técnicos, no puede llegar a todos los elementos de interés de cada comunidad autónoma: procedimientos en concursos, ayudas, proyectos, subvenciones, sanciones, desarrollo de reglamentos, seguimiento de temas de interés.» afirma. «Realizan una tarea complementaria y coordinada» y «desde el punto de vista económico, es una inversión con retorno». «Bruselas -concluye- es nuestro Washington».

PP: «Debe potenciarse»

También el Partido Popular defiende la existencia de la oficina de la Junta en Bruselas. La diputada Teresa Ruiz Sillero afirma que «así como nos parece que la delegación en Madrid debe desaparecer, la de Bruselas se ha de potenciar para defender los intereses de Andalucía, ayudar a las empresas. ¿Cuántas veces fue la consejera a Bruselas cuando la crisis del pepino».

No obstante, Ruiz-Sillero cree que la delegación debería alojarse en la embajada, para no pagar alquiler, algo que Planas, que conoce las dependencias, asegura que es imposible por razones de espacio.

Además, la diputada popular reclama a la delegación andaluza en Bruselas que sea más transparente: «Hay mucho oscurantismo en su funcionamiento ¿Qué hace la delegación?, se pregunta, ¿es una oficina comercial o sólo hace informes burocráticos?».

La existencia de la representación andaluza es también defendida por organizaciones sectoriales como COAG, que aunque cuenta con sede propia cree que «tiene funcionalidad y es muy importante ante el cúmulo de intereses que allí se mueven. Hay que esta bien informado, porque las cosas se tramitan con mucho tiempo y es preciso hablar con muchisima gente», dice Miguel López.

Manuel Angel Martín, en nombre de la Confederación de Empresarios de Andalucía, también considera útil la oficina de la Junta, si bien la institución no la ha utilizado, porque ha realizado sus gestiones a través de la oficina de CEOE, cuyo representante era el sevillano Isaías Rodríguez. «En una Europa de las regiones no queda más remedio que estar ahí», indica el economista.

Nueva etapa

La nueva delegada, Francisca Pleguezuelo, que fue eurodiputada durante una legislatura, hasta 2009, vuelve ahora a Bruselas con el encargo del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y de la consejera de Presidencia, Susana Díaz, de dar un perfil más político a un puesto al que conceden máxima relevancia.

Pleguezuelo quiere abrir más la sede a la internacionalización de las empresas y crear foros, incluso modernos 'cookworkings' para propiciar el encuentro entre emprendedores nacionales y extranjeros, entre éstos y las instituciones europeas; ayudarles a buscar socios y animarles a acogerse a incentivos o líneas de trabajo que la UE ampare. Darles apoyo, información, pistas de ayudas a cooperación, mecanismos financieros, convocatorias, licitaciones internacionales.

También se va a volcar en atender a lo que llama «la nueva emigración», los jóvenes andaluces que llegan a la capital belga en busca de trabajo. «Aunque no somos una oficina de empleo, queremos darles acogida y ayuda en cuanto necesiten, que cuenten con nosotros para adaptarse a un país donde aparte de la barrera del idioma hay otras muchas, como la legislación. Alquilar un piso es diferente allí y aquí, por ejemplo». Así, elaborará una 'carta de servicio' para reunir todo lo que pueden ofrecer a los jóvenes emigrantes. «Que sepan que tienen un sitio donde se les va a ayudar», además de organizar seminarios y encuentros periódicos.

Además, quiere ampliar la colaboración institucional, que hasta ahora sólo era con las Diputaciones, a todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, a quienes ha invitado a firmar un protocolo.

¿Hacer lobby? La delegada explica que esta práctica, que en la UE está normalizada y la practican los sectores, en el caso de las regiones consiste en el trabajo de «tejer redes», buscar complicidades, relaciones, intereses, información, y hacer que todo ello pivote sobre la representación andaluza.

En fin, la nueva delegada estará muy pendiente de lo que se mueva en las altas esferas: el presupuesto plurianual 2014-2020, al que Van Rompuy ha metido un tajo de 80.000 millones para el conjunto de la UE; la Política Agraria Común y los fondos estructurales, también muy recortados; sobre el llamado 'cheque español' de 2.800 millones, sobre el periodo de transición de las regiones y sobre cómo estos fondos se reparten luego para ver qué toca a Andalucía. «Desde la máxima lealtad al Gobierno de España, hemos de ser una piña para conseguir que vengan fondos suficientes, en estos momentos más necesarios que nunca», puntualiza.