Economia

Los funcionarios recuperarán en el primer trimestre la cotización por la extra no cobrada

MADRID. Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

El Ministerio de Hacienda anunció ayer que en el plazo de tres meses devolverá a los funcionarios las cotizaciones sociales de la paga extraordinaria de diciembre, que les han sido descontadas de la nómina de este mes a pesar de no haber cobrado la paga de Navidad.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro lamentó en un comunicado el «impacto negativo que la falta de adecuación de la cuota por derechos pasivos y aportaciones a mutualidades por la paga extra de diciembre ha podido tener en el colectivo de los funcionarios». Este efecto no se subsanará de inmediato, añade, sino que en el primer trimestre de 2013 se procederá a restituir el importe equivalente a la cotización correspondiente a la extra de diciembre.

Cientos de miles de empleados públicos que cotizan en el régimen de clases pasivas -todos los de la Administración General del Estado, el Ejército, la Justicia o la Agencia Tributaria- están cobrando en diciembre una nómina inferior a la de meses precedentes, porque el Gobierno, tras aprobar el decreto antidéficit el pasado julio, omitió realizar la modificación de la Ley de Clases Pasivas que obliga a los empleados públicos a cotizar por las 14 pagas que reciben.

El sindicato CSIF ya denunció el perjuicio económico de esta situación. Según los afectados, la retención que se devolverá en tres meses equivale al 3,5% del sueldo, y se sitúa entre los 65 y los 155 euros, en función de las diferentes categorías.

Listas de morosos

Por otra parte, Hacienda ha empezado a trabajar en las propuestas de cambios normativos -de la Ley General Tributaria y de la Ley de Protección de Datos, entre otras- necesarios para que el Gabinete pueda acordar, en el primer trimestre del próximo año, la publicación de la lista de grandes morosos y defraudadores a la Hacienda Pública. El Ejecutivo estudia los «parámetros objetivos» que le permitan configurar el listado de los morosos y defraudadores con independencia de su actividad económica y condición, ya sean personas físicas o jurídicas.

El Consejo de Ministros conoció el pasado viernes un informe sobre esta iniciativa. Para potenciar la persecución de los engaños al fisco, la Seguridad Social o los servicios públicos de empleo, el Ejecutivo ha aprobado la convocatoria de 100 plazas para funcionarios dedicados exclusivamente a la lucha contra el fraude fiscal y laboral.