Los Defensores del Pueblo piden que los bancos destinen pisos al alquiler

Los defensores del pueblo piden al Gobierno que ponga en marcha medidas para que las ayudas públicas que reciben los bancos reviertan en la ciudadanía, bien a través de la renegociación de préstamos hipotecarias o destinando parte de sus inmuebles a alquiler y viviendas sociales. Esta es una de las doce propuestas que plantean y que, confían, se lleven a cabo con urgencia para frenar los desahucios y garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. El documento fue acordado por unanimidad en la reunión que los doce Defensores del Pueblo autonómicos y el adjunto al Defensor del Pueblo de España (Francisco Marugán) mantuvieron ayer en Oviedo. La reunión, que tenía por objeto sacar adelante un texto con medidas concretas para paliar los efectos de los desahucios, sirvió también para escenificar el respaldo a la Procuradora General, María Antonia Fernández Felgueroso, ante la posibilidad de que la institución pueda eliminarse a lo largo de este año en Asturias como consecuencia de los ajustes en la Administración.

Felgueroso fue la encargada de leer el manifiesto suscrito por los representantes de Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco, Canarias, Aragón, Valencia, Castilla y León, Navarra, Murcia, Asturias y el Defensor del Pueblo estatal. En la declaración piden explícitamente que se amplíen los supuestos para beneficiarse del decreto-ley que aplaza las ejecuciones hipotecarias, se defiende el alquiler social como alternativa a los desahucios y se plantea que se aumente la renegociación de las deudas hipotecarias.

Plantean, además, que se establezcan supuestos en los que los deudores puedan acogerse a la dación en pago, que se extiendan las medidas de protección a los locales de negocio y que se reforme la normativa fiscal y tributaria para evitar que los deudores de buena fe vean agravada su situación personal por las cargas impositivas, como el impuesto de transmisiones. En el documento también se plantea que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria haga que las entidades financieras destinen, al menos, las viviendas protegidas de su titularidad a ese fin y que se ponga en marcha de forma urgente un Fondo Social de Viviendas suficiente para dar respuesta a los afectados por los desahucios.